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Por Rafael Santiago Medina
San Juan, 25 feb (INS).- Tras la pandemia, la necesidad urgente de una vacuna. Y la farmacéutica multinacional Pfizer, con sede en Estados Unidos, junto a la alemana BioNtech, casi simultáneamente con el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya de Rusia y su Sputnik V, fueron los primeros en lograr un medicamento de inoculación contra Covid-19.
La opción estadounidense de Pfizer era la más factible, debido a la mala prensa que había recibido la vacuna rusa Sputnik V (y que luego demostró su falsedad). Pero ahora, una publicación de la organización periodística The Bureau of Investigative Journalism (TBIJ), en conjunto con el medio peruano Ojo Público, revela que Pfizer impuso condiciones abusivas a gobiernos de Latinoamérica al momento de negociar millonarias compras de su vacuna.
La investigación afirma que, entre las exigencias de la empresa, se pidió colocar en forma de garantía activos soberanos de países, incluyendo propiedades públicas, como embajadas y bases militares, o reservas de bancos federales. Esto, como forma de resguardo ante eventuales demandas por posibles resultados adversos tras la aplicación de las dosis.
Frente a ello, una fuente anónima calificó la postura de Pfizer como “una intimidación de alto nivel”.
El caso de Argentina, donde los diálogos quedaron truncados, fue uno de los más llamativos. Es que, aunque sea común que los fabricantes de vacunas planteaban condiciones para eximirse de la mayor cantidad de responsabilidades legales posibles, desde el gobierno de Alberto Fernández sostienen que la firma estadounidense sobrepasó el límite.
En junio empezaron las conversaciones, y el Congreso aprobó una ley especial para que se indemnizara a Pfizer en caso de demandas civiles, a pedido suyo. Sin embargo, Argentina entendía que la compañía sí debía ser responsable ante cualquier conflicto por negligencia o malicia, algo que la empresa farmacéutica rechazaba.
“En lugar de ceder en algunos puntos, Pfizer exigía más y más”, revela un funcionario argentino.
Entre las inesperadas exigencias, la farmacéutica le solicitó al país que contratara un seguro internacional ante eventuales conflictos. Y, en diciembre, llegó la condición que terminó resquebrajando la negociación: pidieron que Argentina colocara sus activos en forma de garantía, algo que podía incluir inmuebles estratégicos y fondos del Banco Central.
“Era una exigencia extrema que solo había escuchado cuando había que negociar la deuda externa, pero tanto en ese caso, como en este, la rechazamos inmediatamente”, comentó un miembro de la administración peronista.
Según la publicación argentina, un conflicto similar se produjo en las negociaciones entre Pfizer y Brasil. Al gigante de Sudamérica, Pfizer le habría exigido que, además de disponer de activos soberanos, tendría que depositar dinero en una cuenta bancaria del extranjero para crear otro fondo de garantía sobre cualquier posible demanda civil por una reacción adversa a la vacuna.
Estos requisitos fueron definidos como “abusivos” por el Ministerio de Salud. Igualmente, el ente regulador brasileño ya aprobó el uso de estas inyecciones a gran escala, aunque la compra sigue todavía con trabas.
De todos modos, en América Latina y el Caribe, Pfizer logró vender su vacuna a nueve países: Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, México, Panamá, Uruguay y Perú, aunque los detalles de los acuerdos no se hicieron públicos.
Desde Lima, fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores confirmaron que los planteos de Pfizer fueron distintos a los de otros laboratorios, a pesar del pacto logrado. Por eso, las negociaciones del convenio para adquirir 9,9 millones de dosis -se requieren dos aplicaciones- se extendieron por más de seis meses, en medio de pactos de confidencialidad.
Finalmente, el precio se fijó en 12 dólares por cada inyección, es decir, 24 por la vacuna completa.
Aparte, Perú cedió parte de su soberanía y aceptó que ante controversias, otra jurisdicción pueda ejecutar decisiones de un tribunal arbitral. “Un Estado, por regla general, no se somete a que otro Estado pueda decidir sobre la confiscación de su propiedad”, subrayó el abogado especialista Eduardo Iñiguez.
Con este marco, son varios los políticos latinoamericanos que se quejan de una presunta mala fe de la compañía para negociar con países no desarrollados. Solicitada una reacción a la acusación en su contra, Pfizer manifestó: “A nivel mundial, también hemos asignado dosis a países de ingresos bajos y medianos bajos a un precio sin fines de lucro, lo que incluye un acuerdo de compra anticipada con Covax para suministrar hasta 40 millones de dosis en 2021”.
Entretanto, Pfizer espera vender este año vacunas contra el coronavirus a un valor total de 15 mil millones de dólares. BioNTech, la firma asociada a Pfizer, ya recibió subvenciones del gobierno alemán por alrededor de 445 millones de dólares. INS
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