Por Rafael Santiago Medina
San Juan, 1 feb (INS).- Para entender su concepto bien, hay que ir a los nombres dados a la ley y al organismo creado en virtud de ese estatuto federal de intervención económica y fiscal en Puerto Rico.
Las siglas de la Ley PROMESA corresponden a lo que se denominó por el Congreso de Estados Unidos la «Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act». Más claramente entendible para todos los puertorriqueños mediante su traducción del ingrlés como la Ley de Estabilidad Económica, Administración y Supervisión de Puerto Rico.
A raíz de ese estatuto federal, el organismo que se crea para viabilizar el propósito de la ley especial para la posesión territorial estadounidense en el Caribe es la Junta de Supervisión Fiscal y Recuperación Económica de Puerto Rico. Repetido otra vez en el nombre de la Junta su razón de ser y el objetivo del estatuto.
Perseguir únicamente un ajuste fiscal, como hasta ahora ha hecho la Junta, es truncar el propósito que se contempla en la Ley PROMESA, que no es otro que la «estabilidad y recuperación económica de Puerto Rico».
Un ajuste fiscal sin un desarrollo económico que lo respalde, que permita al territorio colonial isleño allegar recursos monetarios al fisco para balancear su déficit estructural, no es factible. Sería, entonces, un mero ajuste contable inmediato para extraer del erario público el pago de la deuda. La Junta de Control Fiscal quedaría al desnudo, entonces, como un simple intermediario de los bonistas de Wall Street, un mero ente de cobro.
En buena gobernanza, se concibe que el propósito de la Ley PROMESA es el establecimiento y ejecución de un plan abarcador de rehabilitación económica y fiscal de Puerto Rico. No únicamente para poder pagar la deuda pública a los bonistas, sino para enderezar el rumbo en términos fiscales y económicos de su posesión colonial en el Caribe.
Para que la Junta cumpla plenamente el propósito para la cual fue creada, no
únicamente debe velar por la supervisión de que una buena administración del fisco esté bien encaminada cuando finiquite sus funciones, sino por un plan de desarrollo económico dirigido a la recuperación de la economía de la jurisdicción colonial federal de Puerto Rico.
Aunque no contemplado en la Ley PROMESA, el objetivo de este plan de desarrollo económico para Puerto Rico debe ser a mediano y largo plazo resolver no solamente el asunto económico y fiscal, sino también el problema colonial en la relación política isleña de subyugación a Estados Unidos. Aprovechar la coyuntura histórica para que Washington pueda sacarse esa piedra dentro de su zapato que no le permite andar sin molestias internacionalmente.
Con el advenimiento de una presidencia de Estados Unidos más visionaria que la que acaba de salir de la Casa Blanca, el cumplimiento fiel de ese propósito se perfila con mayores posibilidades y podría estar mejor encaminado. Por lo menos, es lo que algunos entendidos piensan. INS
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