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Santo Domingo, 27 ene (INS).- La Dirección General de Aduanas (DGA) informó la suspensión sin disfrute de salario de un funcionario de esa institución que es investigado por el Ministerio Público, luego de que fuera acusado de presunta violación sexual contra una empleada.
La medida afecta al el encargado de la Dirección Regional de la institución en Santiago (norte), Antonio Gómez Díaz, quien habría abusado a la mujer, aún no identificada, que lo incrimina en uno de los baños del edificio del organismo.
Mediante un comunicado, la Dirección General de Aduanas dijo lamentar la situación, al tiempo que manifestó su apoyo a los afectados y “reitera que su código de conducta interna no tolera la falta de integridad y ética de sus colaboradores, sin excepciones, por lo que en sus principios destacan el respeto al ser humano, sus derechos ciudadanos, así como la Justicia e igualdad de condiciones”.
Hoy, la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de la Fiscalía de Santiago, que coordina la fiscal Cristina Ramírez, informó que investiga el hecho, así como otros casos de delitos sexuales que podría haber cometido ese servidor público.
La fiscal indicó que la investigación se inició el 22 de diciembre, a raíz de que la víctima interpuso la denuncia en contra del funcionario. El hecho se habría producido seis días antes, el 16 de diciembre.
Ramírez deploró que algunas personas desaprensivas difundan el nombre de la víctima a través de las redes sociales y garantizó que el Ministerio Público investiga el caso, conforme a lo establecido en la Ley 24-97 sobre Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales.
Informó que hasta el momento está en la fase de recolección de evidencias sobre la denuncia en contra Antonio Gómez Díaz.
Gómez Díaz es el segundo funcionario del presente gobierno suspendido en sus funciones tras ser vinculado a los abusos sexuales.
El otro caso es el ingeniero Leonardo Faña, director del Instituto Agrario Dominicano (IAD), quien fue incriminado de abuso sexual en perjuicio de la señora María Isabel Flores Encarnación, gerente financiera de la entidad.
El funcionario pidió licencia hasta que se aclare el caso, que se encuentra apoderado en la unidad de Violencia de Género de la Procuraduría General de la República. El presidente Luis Abinader lo suspendió para que enfrente las acusaciones que les hacen.
La magistrada Belkis Rodríguez, coordinadora de la Unidad de Violencia de Atención y Prevención de Violencia remitió la denuncia a la Fiscalía del Distrito Nacional, dependencia que a su vez lo envió a la corte.
En tal sentido, cualquier solicitud de medida de coerción en contra de Leonardo Faña, deberá ser conocido por un juez o jueza de la Cámara Penal de la Corte de Apelación Distrito Nacional que hará la función de juez de la instrucción.
En la República Dominicana, el silencio cómplice ha provocado que el acoso sexual a la mujer en las oficinas públicas se convierta en una especie de epidemia que aumenta cada día sin que se tomen acciones ejemplares para frenar este abuso de poder que desnuda otra oscura realidad en el manejo de las instituciones públicas del país.
La situación fue analizada en un informe publicado hace tres años por la la Secretaría Nacional de la Mujer del Partido Demócrata Institucional (PDI), entidad que “comenzó a calibrar su gravedad y a hacerse eco de las mismas, tomando la decisión de ejecutar acciones para evitar el empeoramiento de este drama que sufren muchas empleadas públicas que se debaten ante el dilema de la extorsión sexual y la integridad moral, donde el miedo a perder el empleo pende como una espada de Damocles”.
En el documento se detalla que sobre tan triste episodio, “el control absoluto por parte de la cúpula del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), de todos los poderes públicos, con la consiguiente monopolización y acaparamiento de la mayoría de los empleos gubernamentales, ha propiciado como nunca antes en la historia dominicana una ola de acoso sexual contra las mujeres que van desesperadas a las instituciones públicas en busca de un empleo para poder dar de comer a sus hijos, a lo que también se suman las empleadas de dichas instituciones que ya vienen siendo víctima del desaforado clima de acoso sexual”.
Partiendo de esta realidad, la titular de esa entidad, María Esther de Rodríguez, sugirió iniciar “una lucha sin cuartel” para frenar esas acciones. INS
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