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San Juan, 14 ene (INS).- Un gran jurado federal acusó a tres hombres de conspiración para participar en el comercio ilícito de aves migratorias, venta, oferta de venta y trueque de aves migratorias (Ley del Tratado de Aves Migratorias), así como de tráfico de vida silvestre (Ley Lacey).
Así lo anunció W. Stephen Muldrow, fiscal de los Estados Unidos para el distrito de Puerto Rico, quien dijo que los acusados fueron arrestados el 13 de enero pasado por agentes del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EEUU, La Oficina de Cumplimiento de la Ley y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).
Carlos David Flores Ríos enfrenta un cargo de conspiración, cinco por vender, ofrecer para vender y canjear aves migratorias, específicamente búhos de orejas cortas (Asio flammeus) y un cargo por tráfico de vida silvestre.
Mientras, Edgardo Marín Candelaria enfrenta un cargo de conspiración y otro por tráfico de vida silvestre.
Marín Candelaria vendió dos búhos chico sabiendo que las especies habían sido capturados en violación de la Ley de Aves Migratorias.
En tanto, Misael Cruz Rivera enfrenta un cargo por vender, ofrecer vender e intercambiar aves migratorias, específicamente un cernícalo americano (Falco sparverius).
Según la acusación, el propósito de la conspiración era que los imputados se enriquecieran ilegalmente mediante el tráfico, captura, captura, venta y trueque de aves migratorias.
Los acusados y coconspiradores capturaron y poseyeron aves migratorias, las retenían ilegalmente en viviendas temporales y ofrecían las aves a la venta en grupos de chat privados de Internet.
“El tráfico ilegal de aves migratorias representa una seria amenaza para nuestros ecosistemas”, dijo el fiscal federal Muldrow.
Sobre el caso, el secretario de Recursos Naturales y Ambientales, Rafael Machargo, comentó que “los vendedores y posibles compradores de estos animales saben que las Autoridades Federales junto con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) realizan investigaciones sobre la posesión y venta de estas especies. Es ilegal, representan una amenaza para la flora y fauna de Puerto Rico y lo que es más preocupante, incluso podrían representar un peligro para la vida de las personas. Exhortamos a la ciudadanía a no patrocinar estos negocios ilícitos, ya sea poseyéndolos o comprándolos”.
La fiscal federal adjunta Carmen M. Márquez Marín está a cargo del procesamiento del caso.
Si son declarados culpables, los acusados podrían enfrentar una pena máxima de prisión de cinco años y una multa máxima de 250,000 dólares por la conspiración para participar en el comercio ilícito de aves migratorias y cada cargo de la Ley Lacey, y hasta dos años de prisión y una multa máxima de hasta 250,000.00 por cada cargo de la Ley de Aves Migratorias.INS
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