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San Juan, 18 dic (INS).- Las principales organizaciones pro-pacientes, que integran la Alianza Pro Acceso a Medicamentos (APAM), urgieron hoy a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) a acatar la Ley 82 de 2019, que fiscaliza la operación de los Manejadores de Beneficios de Farmacia en Puerto Rico (PBMs).
Según los miembros de la Alianza, la JSF ha estado obstaculizando la implementación de la mencionada ley en la isla por casi dos años, alegando que el tema es campo ocupado por el gobierno federal.
“Esto ha tenido el efecto de retrasar la puesta en vigor de esta ley, lo que resulta en detrimento para miles de pacientes. El tener en suspenso la aplicación de esta legislación representa un duro golpe para los pacientes, ya que esta regulación es esencial en el acceso a medicamentos de miles de ciudadanos. Igualmente tiene un impacto en las arcas del gobierno, ya que el estado ha estado dejando de generar cantidades sustanciales, por concepto de licencias, de entidades que generan ganancias millonarias en la isla”, expuso María Cristy, portavoz de la Alianza.
Los PBMs son las entidades contratadas por los aseguradores para administrar y determinar sobre los beneficios de farmacia.
Leticia López, directora ejecutiva de la Asociación Puertorriqueña de Ayuda a Pacientes de Psoriasis y miembro de la Alianza, explicó que “estas empresas tienen un gran poder en el mercado ya que son las que determinan la aprobación o denegación de un medicamento, de esta forma inciden directamente en el tratamiento médico de los pacientes. El tener un componente tan importante de la cadena desprovisto de regulación y de fiscalización, ha ocasionado una crisis para los pacientes en el acceso a medicamentos. Este patrón se ha experimentado en otras jurisdicciones, pero ya más de 40 estados han implementado regulación, y ha sido efectiva en ambos objetivos, en salvaguardar el acceso a medicamentos y en establecer transparencia en los procesos, lo cual ha redundado en ahorros sustanciales en el costo de medicamentos”.
Alex Ramírez, de la Sociedad Puertorriqueña de Epilepsia y también portavoz de la Alianza, comentó que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, a través de opinión emitida por la jueza Sonia Sotomayor, y en determinación unánime, resolvió en contra de la Asociación que representa a los PBMs, la cual trató de cuestionar la constitucionalidad de la Ley 900 de Arkansas, que regula a estas empresas en dicho estado, por supuestamente tener una intromisión con la Ley ERISA.
“El más alto foro determinó que la regulación sobre la operación de los PBMs, en este caso la Ley 900, no era inconstitucional, no tenía intromisión con regulación federal, avalando así que los estados implementaran regulación y fiscalización sobre la operación de estas empresas. La determinación fue más allá, exponiendo que el mandato contenido en ley a los fines de que los PBMs deben de reembolsar a las farmacias el costo de adquisición del medicamento, no era una clausula inconstitucional, como tampoco infligía con la Ley ERISA, como los PBMs pretendieron argumentar”, destacó Ramírez.
Para los miembros de la Alianza resulta inaceptable la negativa de la JSF en reconocer la ley aprobada a nivel local, ya que entienden que es una intromisión indebida a las facultades constitucionales de la Legislatura, y donde existe un interés y responsabilidad apremiante del estado, a los fines de salvaguardar el acceso a la salud de los ciudadanos.
“Esto adquiere mayor relevancia, cuando la falta de supervisión está impactando de forma adversa la calidad de vida de muchos pacientes. Nos preguntamos entonces, cual es realmente el objetivo de la JSF con esta postura y qué factores están detrás de esta intransigencia. Por un lado, la Junta autoriza renovaciones y aumentos millonarios en los contratos de los PBM que ofrecen servicio al plan de salud del gobierno, aún sin haber mediado competencia en estos servicios desde el año 2013, y por otro lado cuestionan una ley tan importante en el tema de salud, por alegadamente tener un impacto fiscal, sin evidencia o data alguna que demuestre tal supuesto”, enfatizó Celia Galán de APNI (Apoyo a Padres de Niños con Impedimento).
El grupo de organizaciones agradeció al gobierno su gesta en la defensa de tan importante legislación y puntualizó que la determinación del Tribunal Supremo de EEUU es muy importante a nivel local, ya que deja sin argumentos a la JSF en su intento por inhabilitar la legislación aprobada.
“Hay temas de política pública, en especial aquellos relacionados a la salud, donde las consideraciones económicas deben ser manejadas de forma responsable y no es base de especulaciones. La calidad de vida de nuestros ciudadanos está en juego con esta ley y lo menos que esperamos es que cualquier alegación en contra esté fundada en data empírica y no en meras especulaciones. La experiencia en otros estados ha sido del todo contraria al panorama que levanta la Junta, también es distinta a la realidad en Puerto Rico, donde el gobierno cuenta con proyecciones económicas de ingresos y ahorros, en base a la regulación aprobada”, puntualizó Cristy.
La Alianza Pro-acceso a Medicamentos está integrada por la Sociedad Americana contra el Cáncer, Asociación de Alzheimer, Asociación de Ayuda a Pacientes de Psoriasis, APNI (Apoyo a Padres de Niños con Impedimento), Asociación Puertorriqueña del Pulmón, Consejo Renal de PR, Asociación Puertorriqueña de Diabetes, Sociedad Puertorriqueña de Epilepsia, entre otras.INS
lp