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Por Rafael Santiago Medina
San Juan, 16 dic (INS).- La Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el recurso hídrico ha impulsado internacionalmente el derecho humano de acceso al agua para todos los habitantes del planeta.
No se ha limitado el tema al ámbito humano, sino que en el plano económico, no han faltado tampoco los mensajes contra la privatización del agua, en la medida en que las empresas obtienen beneficios de una necesidad vital humana.
La privatización de los recursos del agua en países del mundo es bastante más compleja que la mayoría de eslóganes al respecto y se requiere un análisis más profundo para sacar conclusiones fiables sobre el tema.
La dificultad de privatizar el agua consiste en su definición del acceso a los recurso hídricos como un derecho humano, porque sin agua no hay vida y nadie ni ninguna empresa tiene el derecho a controlar la vida de ningún ser humano. Así, la mayor parte de las personas entiende que se trata de un bien del que nadie debería estar desprovisto.
Este hecho podría ser a priori una objeción a la privatización del agua ante el dilema capitalista frente a lo humano de conferir el derecho a convertirlo todo en una mercadería de lucro.
De lo que se trata, según tratadistas, es establecer límites a la conversión de los ciertos recursos naturales en una mercadería de lucro, y si aquellos que son vitales para el ser humano deben privatizarse, siendo un bien perteneciente a toda la humanidad, sin el derecho de nadie a privar el acceso a otros de ese bien común.
Estriba en esto lo que se considera intríngulis del planteamiento sobre la privatización de una corporación pública, catalogada por muchos un haber del pueblo de Puerto Rico: la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).
Su privatización es tema que ha resurgido en los últimos años ante el problema de la quiebra fiscal del país y de sus más vitales empresas públicas de servicios esenciales.
Lo que trae un asunto como este a la discusión en la palestra pública es el obstáculo que enfrenta el país en el nivel de inversión pública insuficiente para el desarrollo y mantenimiento de infraestructuras necesarias y esenciales. Entre esos servicios está la extracción, purificación y distribución el agua a todos los hogares, empresas y comercios.
La cuestión de la privatización de este vital servicio esencial (y más que esencial, vital) a la ciudadanía como un derecho humano hasta cierto punto limita que pueda negociarse en los mercados.
Se trata, pues, conforme a este criterio, de un servicio a la ciudadanía que no debe gestionarse a través de los mercados, y que sólo, como segunda instancia, sea el Estado su proveedor para un acceso equitativo para todos.
De hecho, la experiencia económica demuestra que se dificulta el acceso universal a un bien como el agua y servicios sanitarios hídricos cuando se articula en mercados libres como una mercadería.
Lo que neoliberales que abogan por la privatización plantean es que la gestión pública no necesariamente garantíza un suministro universal de bienes básicos o esenciales con estándares de calidad. La calidad del servicio es el quid del asunto sobre la privatización que traen a colación aquellos que abogan ideológicamente por el neoliberalismo.
La llamada Guerra del Agua en Cochabamba (Bolivia), donde la privatización del suministro hídrico en el año 2000 dio lugar a un estado de intenso malestar social con el incremento del 35% en los precios para el acceso del recurso hídrico al consumidor. El conflicto se resolvió con la retirada de la empresa comercializadora y el traspaso de la gestión a manos municipales.
Superar el problema de calidad del agua en manos públicas es un asunto que parece ser fundamental para garantizar que el recurso hídrico siga siendo un haber del pueblo al que todo ser humano pueda tener acceso en la sociedad. INS
rsm/