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San Juan, 7 dic (INS).- La continuidad de la transportación pública colectiva, la disponibilidad de tratamientos para las personas sin plan médico o para personas con el Plan Vital, la garantía de que se trabajará un protocolo para que no se afecten las víctimas de delito como consecuencia indirecta de la cancelación de visitas en las prisiones sonalgunas de las preocupaciones que levanta la nueva orden ejecutiva con relación al manejo de la pandemia por el Covid-19, que entró en vigor hoy, según coincidieron integrantes de la Mesa Social.
“Con esta nueva orden la gobernadora Wanda Vázquez Garced dijo que estaba poniendo las vidas de las personas por encima de las consideraciones económicas al limitar la operación de los negocios. Sin embargo, ignora muchos aspectos que son críticos a la hora de realmente trabajar desde una visión integral de Salud Pública y para proteger los derechos. Seguimos viendo respuestas inconexas y carentes de estrategia”, dijo Amárilis Pagán Jiménez, integrante de la Mesa Social.
Consideró que “nuevamente la violencia de género, la falta de techo y de alimento, la prevención de maltrato infantil y la pobreza generalizada que se agravarán en plena temporada navideña. Todos estos temas quedaron fuera del radar de la Gobernadora”.
La Mesa Social, una entidad que agrupa personas de todos los saberes para analizar y sugerir al gobierno cursos de acción que ante la pandemia garanticen se salvaguarden los aspectos básicos de derechos humanos, le cursó una nueva carta a la mandataria con reclamos que deben atenderse de manera impostergable.
De acuerdo con la portavoz, “mucho se habló durante el anuncio de la nueva orden sobre el síndrome de ‘quemazón’ que está afectando al personal de enfermería y de otras áreas de la salud que llevan ocho meses trabajando sin descanso. Sin embargo, la administración de Vázquez Garced ha sido incapaz de conseguir los dos millones que se necesitan para honrar la ley que otorga un aumento a las enfermeras”.
A la Mesa Social le preocupa también que no se mencionó la disponibilidad de la transportación pública a través de la Autoridad Metropolitana de Autobuses que sirve en su mayoría a personas desventajadas que no tienen acceso a otras formas de movilidad.
“Las visitas en las cárceles están prohibidas y nos preocupa que eso pueda incidir en mayores problemas mentales y situaciones de riesgo para las vidas de la población juvenil como ya se ha documentado. La gobernadora no mencionó ningún plan de acción para remediar este aislamiento extremo”, aseveró la doctora Ángeles Acosta.
La profesional dijo que, “por si fuera poco, no se hizo ninguna mención sobre las pruebas de College Board que ahora mismo se siguen administrando, en contra de las reiteradas peticiones para que el Departamento de Educación trabajará con todas las universidades de manera que se eliminara su requisito a estudiantes de nuevo ingreso. Resulta una grave contradicción establecer que los casos confirmados y las muertes que se han registrado ni siquiera corresponden al potencial de contagios tras el Día de Acción de Gracias y a las ventas de Black Friday, mientras se pone en riesgo a miles de estudiantes, personal docente y administrativo que se tienen que reunir en espacios cerrados para que se ofrezcan estas pruebas”.
Además, mencionó que “tampoco se habló sobre las acciones que aún se deberían estar realizando para completar la entrega de equipo tecnológico a estudiantes, o en su defecto, la entrega de módulos para quienes carecen del servicio de Internet que se hace esencial para continuar las clases de modo virtual. No hemos visto pasos afirmativos para terminar de contactar a todo el estudiantado cuyo paradero el Departamento de Educación desconoce”.
Detalló que “a preguntas de la prensa, la gobernadora dijo que los trabajadores públicos deben seguir laborando como hasta ahora, pero nos preocupan las autocertificaciones fatulas que muchas agencias o empresas han completado, la falta de materiales de desinfección, así como la falta de medidas que aseguren un mínimo de contagio”.
“Le hacemos un llamado urgente a la gobernadora a que implemente estas medidas que le hacemos llegar y que son producto de múltiples análisis realizados por profesionales preocupados por los daños que la orden ejecutiva puede estar provocando en la sociedad puertorriqueña”, señaló la profesora Janice Solivan Roig, integrante de la Mesa Social.INS
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