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Santo Domingo, 26 nov (INS).-La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción (PEPCA) fue apoderada de un expediente relacionado a la investigación de oficio que realizó sobre presuntas acciones ilícitas atribuidas a la ministra de la Juventud, Kinsberly Taveras Duarte.
La documentación fue depositada por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), que dirige Carlos Pimentel.
El órgano rector informó que las pruebas aportadas al Ministerio Público están relacionadas con el proceso de licitación AMBC-LPN-001-2017 realizado por la Alcaldía Municipal de Boca Chica para la recolección, transporte y vertido de seis mil toneladas de desechos sólidos no peligrosos domésticos, cuya adjudicación recayó sobre la compañía OAR Imperio S.R.L, vinculada a Taveras Duarte, por la suma de RD$2,625,000 (45,127 dólares).
La institución también destacó que recibió y analizó documentación relevante de manos de la Junta Municipal de La Guáyiga, a la luz de la Ley 340-06, de Compras y Contrataciones de bienes, servicios y obras, la cual servirá al PEPCA para profundizar en sus investigaciones contra la funcionaria, que pidió una licencia para responder a las indagaciones.
Otro de los documentos depositados tiene que ver con la ejecución del contrato OB-OISOE-MP-040-/2013, suscrito entre la Oficina de Ingenieros Supervisores del Estado (OISOE) y el Consorcio Consmara-Seminsa, en el marco de la Licitación Pública Internacional Núm. LPI-001-2013, para la remodelación y equipamiento de la Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar.
La entidad informó que en la resolución RIC-98-2020, de fecha 8 de septiembre de 2020, que responde a la solicitud de investigación interpuesta por el movimiento cívico Participación Ciudadana sobre este proceso, la Dirección General de Contrataciones Públicas afirma que verificó irregularidades en la ejecución del referido contrato, y en particular, concluye que se incumplió con las disposiciones establecidas en el artículo 31 de la Ley 340-06 y sus modificaciones y el artículo 127 del Reglamento 543-12, en lo relativo a no aumentar el monto del contrato de la obra en más de un 25% respecto al contrato original.
De igual modo, agrega, “no fue comprobado que las enmiendas realizadas fueran la única forma de satisfacer el interés general, siendo éstos límites y condiciones para que proceda jurídicamente la modificación de un contrato”.
“Por el contrario, en atención a los cambios exigidos en la Resolución 00019/2015 del Ministerio de Salud Pública y el cambio trascendental en el monto que los ajustes implicaban, lo cual no correspondía a una simple modificación del contrato, se verificó que éste debía más bien rescindirse y convocarse un nuevo procedimiento”, subrayó.
Tras ser nombrada por el Poder Ejecutivo, el 12 de septiembre pasado, la ministra Kinsberly Taveras Duarte declaró ante la Cámara de Cuentas un patrimonio de bienes por 74 millones 77 mil 134 pesos (equivalentes a 1,273,490 dólares). Su salario como servidora pública es de RD$300,000 (unos 5 mil 157 dólares).
Se recuerda que la La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción también abrió investigaciones contra varios ex funcionarios del anterior gobierno, entre estos el antiguo ministro de obras públicas, Gonzalo Castillo, quien fuera candidato presidencial en las elecciones del 5 de julio en representación del hoy opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD), a quien se le atribuye alegadas irregularidades en el manejo de más de 11,000 millones de pesos (189,105,510 dólares) presupuestado para la compra de materiales de asfalto.
Además, fueron interrogados varias veces el senador Félix Bautista, los expresidentes de la Cámara de Diputados Lucía Medina Sánchez (hermana del ex presidente Danilo Medina) y Radhamés Camacho, todos miembros del PLD. INS
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