P. Rico-Agenda de derechos humanos debe ser prioridad para el nuevo gobierno, afirma Amnistía Internacional

San Juan, 6 nov (INS).- La organización de derechos humanos Amnistía Internacional en Puerto Rico (AIPR) aseguró que el gobierno recién electo recibió un mandato para garantizar y defender los derechos humanos, puesto que prevalecieron en la contienda electoral candidatos que promueven una agenda de justicia y equidad en el país.

“La representatividad de diferentes voces que luchan por los derechos humanos se hizo evidente en estas elecciones. Esperamos que estos cambios impulsen una verdadera agenda de derechos humanos para garantizar y defender los derechos de las personas y atender con premura las violaciones de derechos humanos que se vienen agudizando,” indicó Liza Gallardo, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Puerto Rico. 

Gallardo enfatizó que el gobierno entrante tiene que trabajar con una crisis de derechos humanos que ha sido agravada por los huracanes, terremotos y la pandemia del Covid19. 

“Todas estas situaciones y la ineficiencia de las agencias para atenderlas, han recrudecido la desigualdad social y la violencia que afecta de manera desproporcionada a las comunidades empobrecidas de este país. A esto le sumamos la posibilidad de que se implementen en los próximos años medidas de austeridad que afecten los derechos esenciales de las personas,” expresó la directora.

Gallardo consideró que debe ser una prioridad para la agenda del gobierno entrante el acceso a una vivienda digna y segura para los miles de personas afectadas por los huracanes y terremotos. 

“A pesar de las ayudas económicas asignadas por el gobierno federal tras el paso de dos huracanes en el 2017, miles de personas aún viven en condiciones de inseguridad y pobreza. Hay familias esperando por ayudas prometidas para reparar o construir sus viviendas sin la certeza de que esto ocurra. Las iniciativas federales se han caracterizado por su burocracia y procesos injustos que han impedido una recuperación justa después de los eventos catastróficos”, manifestó.  

Por otro lado, opinó que “la experiencia de los huracanes Irma y María dejó claro que Puerto Rico no está ajeno a las consecuencias del cambio climático, por lo que Amnistía Internacional empezó a trabajar el tema de Justicia Climática como una prioridad”. 

Al respecto, Gallardo expresó: “La crisis climática también es un asunto de derechos humanos porque amenaza la vida misma. El gobierno tiene que tener un plan a largo plazo que mitigue su efecto, pues afecta de manera desproporcionada a las comunidades empobrecidas. Además, el gobierno no puede ser cómplice de crímenes ambientales, como el depósito de cenizas de carbón en comunidades vulneradas y la más reciente tala de árboles en espacios públicos. Estas acciones tienen consecuencias negativas sobre la salud y el medioambiente, y no cuentan con un plan de acción para disminuir el daño ambiental, respectivamente”. 

Otros asuntos que Gallardo catalogó de urgentes son la declaración de un estado de emergencia por el recrudecimiento de la violencia de género y la incorporación de la perspectiva de género como política pública transversal en todas las agencias gubernamentales, particularmente en el Departamento de Educación.INS

lp