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Santo Domingo, 29 oct (INS).- El director de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP), depositó tres expedientes ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) para que sean investigados algunos procesos de compras irregulares que habrían sido realizados por dos instituciones públicas durante el pasado gobierno de Danilo Medina, que involucra fondos por 268 millones de pesos (unos 4,6 millones de dólares).
Las anomalías se habrían cometido en el Plan Social de la Presidencia, que dirigía Iris Guaba, y en el Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia (Inaipi), entidad que administraba Berlinesa Franco.
De acuerdo con las informaciones aportadas por Carlos Pimentel, director de Compras y Contrataciones, “desde 2019 ha sido identificada una recurrencia sospechosa en los procesos de compras de del Plan Social de la Presidencia que otorgaba adjudicaciones millonarias a compañías que fungían como intermediarias”.
Señaló que esas acciones se traducían en un mayor gasto para la entidad contratante en términos de precios y que la única explicación para esa práctica “es la existencia de vínculos entre funcionarios y proveedores del Estado”.
Mientras que los dos expedientes del Inaipi, uno refiere que en el 2016 esa institución incurrió en violación a los procedimientos de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones, al realizar procedimientos de urgencias de los cuales no se tiene ninguna evidencia y que le costaron al Estado RD$208 millones (3,561,643 dólares).
Según una auditoría practicada por la Cámara de Cuentas, estos pagos se hicieron por concepto de equipos electrónicos de comunicaciones, materiales y suministro, aparatos audiovisuales, obras de infraestructura y mobiliarios.
Los documentos incriminatorios del Inaipi tienen que ver con operaciones detectadas en el proceso de licitación Inaipi-CCC-LPN-2018-01, que data desde 2018, para el suministro y distribución de leche a los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (Caipi) y Centros de Atención a la Familia y a la Infancia (Cafi), a nivel nacional, establece la documentación depositada ante el Ministerio Público.
Carlos Pimentel asegura que la institución cuestionada “adjudicó ilegalmente contratos millonarios a compañías relacionadas ente sí por monto que superan los 60 millones de pesos (1,027,397 dólares) con los argumentos de que había sido un proceso transparente en el que las compañías cumplieron con los requisitos del pliego de condiciones”.
El 10 de septiembre, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa también fue apoderada de un expediente acusatorio en perjuicio de varios funcionarios del Ministerio de Obras Públicas por presuntas irregularidades en la compra de hormigones por 11,500 millones de pesos (197 millones de dólares), durante la gestión de Gonzalo Castillo quien fuera el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en las elecciones generales del 5 pasado 5 de julio.
La denuncia fue depositada por la directora de Ética e integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, y el director de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, para que se abra una investigación.
Este es el primer expediente que depositan las actuales autoridades ante la Procuraduría por supuestos actos de corrupción cometidos por un ex ministro del pasado gobierno.
De igual manera, están abiertas algunas investigaciones sobre las declaraciones juradas de bienes de funcionarios y ex funcionarios entre las que figura la de la actual ministra de la Juventud, Kimberly Taveras Duarte.
La funcionaria presentó documentaciones ante la Cámara de Cuentas, como establece la ley 311-14, en los que asegura tener bienes por 74 millones de pesos (1,267,123 dólares) antes de asumir las funciones, fortuna que admitió fue adquirida como proveedora del Estado y que ha levantado sospechas en sectores de la población que pidieron ser investigada.
Asimismo, son indagados los patrimonios declarados por Robert de la Cruz, asistente presidencial; el actual senador Félix Bautista, Radhamés Camacho y Lucía Medina Sánchez, ambos expresidentes de la Cámara de Diputados. Esta últimas es hermana del ex gobernante Danilo Medina.
También es puesto en dudas el caudal que posee el alcalde del municipio Pedro Brand, Wilson Paniagua, de la provincia Santo Domingo, por 1,090,071,315 pesos (equivalente a 18,6 millones de dólares), conforme a su declaración jurada de patrimonio.
Con relación a esos casos, la procuradora general Miriam Germán Brito dijo recientemente que la razón de citar a esas personas es porque las declaraciones de patrimonios depositadas por los ex funcionarios gubernamentales podrían estar abultadas, sospechas que los fiscales adjuntos deberán investigar. INS
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