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San Juan, 20 oct (INS).- Las candidatas del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales y Mari Laura Rohena, denuncian que Miguel Romero no tiene la capacidad de administrar una ciudad en la que el tema de la violencia sexual y de género exacerban cada día más.
“Ni en el Capitolio ni en la alcaldía de San Juan hay espacio para encubridores de hostigamiento sexual. Es por esto que en el día de hoy le estamos dejando saber al pueblo de Puerto Rico y a la gente de San Juan que desde Victoria Ciudadana, continuaremos denunciando candidaturas que no representen el bienestar de las mujeres de nuestro país.”
La candidata a representante por acumulación recordó que el senador Miguel Romero fungió como oficial examinador del municipio de Guaynabo en el caso de hostigamiento contra O’Neill hijo y condujo una investigación que lo exoneró. Posteriormente, se confirmó el hostigamiento en una demanda contra el municipio de Guaynabo en el Tribunal Federal.
“Cuando trabajas para tus propios intereses y el de los amigos del alma, es muy difícil que puedas levantarte y denunciar las injusticias que se viven a tu alrededor, incluso en casos tan sensibles como el hostigamiento sexual en el ambiente laboral. En Recursos Humanos del municipio de Guaynabo trabajaba la esposa de Héctor O’Neil Jr. el oficial examinador del municipio era Miguel Romero, amigo del alcalde y su familia, y si finalmente buscabas la División Legal te recibía Héctor Hoyos, quien ahora es juez nombrado por el PNP. Este tipo de círculos de poder son los que venimos a sacar, a esto nos referimos cuando hablamos de la vieja política. Miguel Romero obtuvo tres contratos con el municipio de Guaynabo en poco más de un año, los que superaron los 53,000. El caso de hostigamiento sexual que Romero atendió negligentemente le costó al municipio y a los constituyentes de Guaynabo alrededor de un millón en fondos públicos”, dijo Nogales.
La candidata a la legislatura municipal de San Juan, Mari Laura Rohena Cruz, añadió que “es increíble que una persona como Miguel Romero solo recuerde que el informe fue extenso y que no encontró nada malo allí en Guaynabo. Ese tipo de persona que sin entender las situaciones por las que vivimos las mujeres día a día en nuestro país no pueden aspirar a administrar un municipio como el de San Juan. Una persona que señala un hostigamiento sexual requiere de toda atención para que se indague sobre lo ocurrido, pues no es fácil salir a la luz pública y denunciar estas conductas en un ambiente lleno de los amigos del alma del hostigador. Eso no lo permitiremos ni en San Juan ni en el capitolio”.
Mientras, Romero, candidato a la alcaldía de San Juan del Partido Nuevo Progresista (PNP), catalogó de “acto de desesperación” el “ataque” de las aspirantes del MVC.
“Hoy vemos cómo el MVC continúa sus ataques difamatorios queriendo crear una bola de humo sobre mi ejecución como abogado y como profesional. En relación con las insinuaciones falsas que algunas personas han hecho sobre la labor que realicé como abogado y el resultado de una demanda civil ventilada en la corte federal en contra del Municipio de Guaynabo, reitero que mis servicios legales a ese municipio ocurrieron hace cinco años, cuando comenzaba a ventilarse la querella de una empleada municipal. En esa etapa administrativa nunca se presentó toda la evidencia que, posteriormente, se sometió en el juicio en la corte federal. Fueron dos procesos distintos en su naturaleza y su propósito”, afirmó.
Indicó que “el informe que presenté se basó únicamente en la información que se me proveyó al principio de dicho proceso. En esa etapa no estuvo disponible la totalidad de la evidencia que se presentó en el Tribunal cuatro años más tarde. De hecho, la Comisión Federal de Oportunidades en el Empleo, que también consideró este asunto en su inicio, no emitió una determinación sobre las alegaciones presentadas”.
Aseguró, además, que “los casos judiciales los evalúa exclusivamente el Tribunal de acuerdo con la evidencia que se presente. La sentencia emitida en la corte federal se determinó luego que desfiló evidencia adicional que nunca se presentó en el proceso inicial, incluyendo evidencia pericial, mayormente sobre hechos ocurridos posterior a mi labor como oficial examinador”.
Agregó que “como candidato a la alcaldía de San Juan sé que estoy expuesto a cuestionamientos de todo tipo. Ese es el caso de algunas personas que han tratado de crear un asunto político con un asunto serio y delicado. Esas personas también saben que los cánones de ética me impiden revelar detalles sobre la información que me fue presentada, el contenido del informe que presenté, las grabaciones de las entrevistas y los documentos recibidos en el transcurso del proceso administrativo hace cino años. INS
Lp