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Kinsberly Taveras Duarte, ministra de la Juventud./Inter News Service
Santo Domingo, 12 oct (INS).- La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) anunció este lunes la suspensión del Registro de Proveedores del Estado (RPE) de la actual ministra de la Juventud, Kinsberly Taveras Duarte, quien es cuestionada por haber declarado un patrimonio por 74 millones 077 mil 134 pesos (1,269,042 dólares) ante la Cámara de Cuentas, con tan solo 33 años de edad.
La fortuna aumentó en pocos años a 106 millones de pesos (equivalentes a 1,815,924 de dólares) como resultado de los beneficios obtenidos con contratos en instituciones públicas siendo ésta funcionaria estatal.
La institución confirmó que Taveras figura como proveedora del Estado con dos empresas, una de corte personal a su nombre y otra jurídica (Colegio Domínico Chino CDC, SRL), donde funge como gerente administradora y es poseedora del 75 por ciento de las acciones.
Informó que la decisión fue tomada a raíz de la divulgación de una entrevista concedida por la funcionaria al programa “Nuria, investigación periodística” producido por la comunicadora Nuria Piera a través de la televisora Color Visión, canal 9.
En medio de señalamientos de actos de corrupción, las redes sociales han pedido a gritos la cabeza de la ministra de la Juventud, luego de que salieran a relucir denuncias sobre contratos irregulares de empresas de recogida de basuras y una estación de gasolina ligada a la incumbente.
La indagación se hizo para establecer los vínculos de las empresas de Taveras, conforme a lo establecido en los artículos 71 y 72 de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas y sus modificaciones, para identificar si las empresas en las que figura como accionista, han participado en procedimientos de contratación o resultado beneficiadas de alguna compra o contrato público siendo ésta funcionaria pública.
Durante el conversatorio, la ministra justificó su fortuna global de 106 millones de pesos (equivalentes a 1,815,924 de dólares), según su declaración jurada de bienes, mediante negocios que entabló con su ex esposo Juan Carlos Ventura y a sociedades con su actual pareja, Jheyson Castillo, quien es hijo de la superintendente de Seguros y ex diputada, Josefa Castillo.
De acuerdo al reportaje de investigación titulado “Kimberly Taveras, una emprendedora que se ha beneficiado del Estado”, el fuerte de la fortuna de la joven funcionaria son las compras de camiones los cuales los alquila a los ayuntamientos para la recogida de basura.
La servidora estayal dijo que las empresas que administra se han enriquecido por las licitaciones que obtiene en su condición de proveedora del Estado práctica que considera legal. Manifestó que está dispuesta a responder a la Justicia siempre que haya pruebas en su contra.
“Tengo mi conciencia tranquila pues siempre he actuado con transparencia desde que fui servidora pública hace 10 años. Estoy dispuesta a responder a la justicia si alguien aporta una sola prueba”, dijo en su cuenta de Twitter.
La Dirección General de Contrataciones Públicas reiteró a los servidores públicos que el artículo 14 de la referida Ley prohíbe a los funcionarios públicos ofertar o contratar con el Estado y recordó que mediante la circular DGCP-07-2020, emitida el pasado 26 de agosto, otorgó un plazo de 30 días calendarios, a partir de su emisión, para que los funcionarios incluidos en el régimen de prohibiciones requirieran la suspensión de su Registro de Proveedores del Estado para dar cumplimiento a la normativa vigente.
“La DGCP continúa en el proceso de identificación de los funcionarios que aún no han solicitado la suspensión de su RPE para proceder de oficio a su inhabilitación, tal y como ordena la Ley de Compras y Contrataciones Públicas. Estamos comprometidos a garantizar la igualdad de oportunidades y evitar los conflictos de interés en los procesos de contrataciones”, subrayó el director de la entidad, Carlos Pimentel.
La legislación establece que los funcionarios de primer y segundo nivel de jerarquía de las instituciones sujetas al ámbito de aplicación de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas y sus modificaciones, entre los que figuran, ministros, viceministros, directores y subdirectores, alcaldes y regidores, no pueden ser oferentes ni contratar con el Estado para suplir bienes, obras y servicios a las instituciones gubernamentales. INS
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