P. Rico-Codepola somete demanda para defender derechos de miembros de la Guardia Nacional

San Juan, 2 oct (INS).- La Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico (Codepola), en conjunto con varios socios y miembros de la Guardia Nacional, sometió un interdicto preliminar ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, para exigir a la Policía que cumpla con la disposición de la Ley de Armas de Puerto Rico de 2020, que establece una excepción del pago de comprobantes a todo miembro de la Guardia Nacional que gestione su licencia de armas. 

Ariel Torres Meléndez, presidente de la Codepola, explicó que “mediante el pleito incoado se persigue poner en vigor el derecho adquirido por miembros de la Guardia Nacional y socios de Codepola al solicitar una licencia de armas nueva y/o renovación. La propia ley establece que, como funcionarios del orden público y por razón de sus funciones, están obligados a portar armas y que pueden obtener su licencia de armas libre de costos, pero el Negociado se ha negado a aceptar la solicitud sin el pago de comprobante 200 dólares (licencia nueva)”. 

“Codepola está haciendo valer los derechos y beneficios adquiridos con las licencias armas expedidas por el Negociado de la Policía de Puerto Rico, de sus miembros de la Guardia Nacional de Puerto Rico, los cuales han sido afectados adversamente por la práctica ilegal del cobro de un comprobante con la radicación de su solicitud nueva de licencia de armas y/o renovación”, sostuvo.

La demanda de la Codepola fue presentada en conjunto con los miembros de la Guardia Nacional Pedro Sosa Ramos, sargento; Orlando Xavier Avilés González y Gerald González Hernández, especialistas de Transportación; y Pedro Calderón Calero, infantero.

Torres Meléndez recalcó que “la ley les da un beneficio que el Negociado de la Policía no les quiere reconocer, aun sabiendo que, en situaciones de emergencia, estos son los primeros funcionarios de gobierno que tienen la obligación de responder”. 

Contó que tomó acción luego de ser informado por varios de sus socios y miembros de la Guardia Nacional de Puerto Rico, que la Oficina de Licencias de Armas del Negociado de la Policía de Puerto Rico, a través de sus empleados o agentes rechazaron recibir solicitudes de licencias de armas nuevas y de renovación de estos miembros de la Guardia Nacional de Puerto Rico, sin que estos presentaran un comprobante, “en clara violación a la nueva Ley de Armas del 11 de diciembre de 2019”.INS

lp