P. Rico-Inter News Service-Resumen de noticias para radio y televisión

Resumen de noticias para el miércoles 30 de septiembre de 2020

P. Rico-El país regresa a los mercados tras Aafaf concretar refinanciamiento de bonos de AFV, medida con la que se alcanzan ahorros de sobre 43 millones en ahorros en el servicio de la deuda

San Juan, 30 sep (INS).- El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf), Omar Marrero Díaz, anunció que Puerto Rico logró acceder a los mercados de capital luego que la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFV) y Administración de Vivienda Pública (AVP), refinanciaran los bonos vigentes de la AFV, generando ahorros que alcanzaron cerca de 43 millones en el servicio de la deuda.

Marrero Díaz explicó que el refinanciamiento de los Bonos en Circulación se llevó a cabo mediante la emisión de 249.6 millones en bonos de refinanciamiento del Programa de Fondos Capitales de Modernización (bonos de refinanciamiento).

Expuso, además, que el refinanciamiento resultó además en la reducción de la deuda total que existía previo a la transacción de 300.5 millones al lograr utilizar fondos en las cuentas de dichas emisiones y en la venta de bonos nuevos a primas que generaron fondos adicionales.

“Esta transacción logra alcanzar, en promedio, ahorros en el servicio de la deuda de sobre 8.5 millones anuales, cuyos fondos podrían utilizarse para el beneficio del Programa de Modernización de Vivienda Pública. Los bonos de la presente emisión tienen vencimientos similares a los de los Bonos en Circulación de 2020 a 2028. Esta transacción representa un paso importante en el regreso de Puerto Rico a los mercados de capital y demuestra una vez más, que estamos restableciendo la confianza en Puerto Rico”, indicó Marrero Díaz, quien también funge como principal oficial financiero del Gobierno de Puerto Rico.

El funcionario señaló que la transacción recibió una demanda sustancial por parte de inversionistas tradicionales, con sobre 750 millones en indicaciones de interés, resultando en una demanda que superó por más de tres veces la cantidad de bonos disponibles.

“El costo total de interés, incluyendo gastos asociados con estructurar y vender la nueva emisión, resultó ser 1.27%”, detalló.

Actualmente, la AFV tiene aproximadamente 300 millones en bonos vigentes emitidos bajo el Programa de Fondos Capitales del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano federal (HUD, siglas en inglés), con vencimientos entre 2020 y 2027.

La AFV emitió sus bonos en los años 2003 y 2008 y prestó el producto de dichas emisiones a la AVP para realizar mejoras y modernizar proyectos residenciales públicos en toda la Isla conforme a los propósitos del programa federal.

El principal e intereses de los bonos refinanciados y los bonos nuevos son pagaderos únicamente de las asignaciones de fondos federales que realiza el Congreso de los Estados Unidos cada año para proyectos de mejora y modernización de residenciales públicos a través de HUD.

“Los bonos no constituyen una deuda, obligación o promesa de pago del gobierno de Puerto Rico, sus agencias, instrumentalidades o corporaciones públicas”, aseguró el funcionario-

La AVP tiene a su cargo el desarrollo y la operación de las unidades de vivienda pública y recibe subsidios y subvenciones de HUD.

Su política pública va dirigida a lograr una administración altamente eficiente con el norte de mejorar la calidad de vida en los residenciales públicos, fomentar la actividad comunitaria y el desarrollo integral de los puertorriqueños que viven en dichos proyectos de vivienda.

Marrero Díaz recalcó que, “aunque la fuente de repago de los bonos consiste en los subsidios y subvenciones de HUD, la reducción en el servicio de la deuda que resultaría del propuesto refinanciamiento redundaría en más fondos disponibles para llevar a cabo la misión de AVP”.INS

 

 

P. Rico-Negociado de Energía informa que no habrá aumento en factura de la electricidad y ordena devolución de seis millones de dólares a consumidores de la AEE

San Juan, 30 sep (INS).- El Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) de la Junta Reglamentadora de Servicio Público (JRSP) determinó que no habrá un aumento en la factura de energía eléctrica por concepto de compra de combustible y aprobó un crédito a los consumidores en la cláusula de compra de energía.

Cada tres meses la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) tiene que someter al Negociado de Energía la reconciliación de gastos e ingresos en cuanto a factores como las cláusulas de ajuste por compra de combustible y por compra de energía, para que sean evaluadas por el ente regulador.

Para el periodo que entrará en vigor del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2020, el Negociado determinó en cuanto a la cláusula de ajuste por compra de combustible que la misma se mantiene inalterada para dicho periodo.

Esto debido a que la información sometida por la AEE no era suficiente o tenía inconsistencias.

“Ante la marcada diferencia entre los costos de combustible presentados por la Autoridad en algunas de sus unidades y la tendencia de los precios de los mercados, así como las expresiones de la Autoridad durante la conferencia técnica referente a los precios mensuales promedio de combustible, el Negociado de Energía no puede determinar, en estos momentos, si los costos por concepto de compra de combustible para el periodo de junio, julio y agosto de 2020, según presentados por la Autoridad, son razonables”, establece la resolución y orden.

En relación a la cláusula por ajuste de compra de energía el Negociado de Energía ordenó un crédito a los consumidores de 6,651,786.95 millones que representa una reducción de 0.02 centavos por kilovatio hora.

“Los ingresos de la Autoridad para los meses de junio, julio y agosto de 2020 son mayores que la cantidad a ser recobrada por concepto de compra de energía para el referido periodo. Por lo tanto, la AEE debe otorgar un crédito a sus clientes equivalente a la diferencia durante el próximo periodo de facturación”, señala el documento.

El Negociado de Energía requirió mayor información a la AEE y reiteró la necesidad de realizar una auditoría del proceso de compra, adquisición, acarreo, almacenaje y consumo de combustible llevado a cabo por la Autoridad durante los pasados años, por lo que próximamente iniciará un proceso a esos fines.INS

 

P. Rico-Procuradora de las Mujeres critica falta de colaboración de Policía y Justicia en desapariciones y secuestros de féminas

San Juan, 30 sep (INS).- La procuradora de las Mujeres, Lersy Boria Vizcarrondo, criticó la falta de colaboración por parte del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) y del Departamento de Justicia (DJ) con su dependencia a la hora de trabajar los casos de desaparición y secuestro de mujeres.

Sus expresiones fueron vertidas ante la Comisión de Seguridad Pública, presidida por el representante Félix Lassalle Toro, que inició una investigación en torno al aumento de estos casos, particularmente entre mujeres y niñas en la Isla.

Esto, justo un día después que fuera encontrado el cadáver de la joven Rosimar Rodríguez, quien fue secuestrada frente a su hogar, caso que ha impactado la opinión pública.

Boria Vizcarrondo informó que el pasado 23 de este mes la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM)convocó una reunión de emergencia con personal del Negociado de la Policía de Puerto Rico, el Departamento de Justicia, el Departamento de la Familia y el Centro de Ayuda de Víctimas de Violación del Departamento de Salud “ante la situación alarmante en Puerto Rico por la desaparición de más de 20 mujeres incluyendo menores de edad”.

La licenciada manifestó que estos esfuerzos se dieron debido “a la falta de comunicación con la OPM por parte de las agencias de ley y orden, quienes son las llamadas y autorizadas a investigar, manejar y procesar situaciones de esta índole”. Luego de esta reunión, según la funcionaria, solicitó información a las agencias mencionadas.

Además, sostuvo que estos casos “reflejan un claro menosprecio a la dignidad que cobija a todo ser humano, específicamente, a la de las niñas y mujeres del país. Desde el comienzo de nuestras labores en la Oficina de la Procuradora de las Mujeres hemos fomentado y promovido toda legislación y política pública que atienda el bienestar y mejoría de nuestras mujeres y niñas”.

A preguntas de Félix Lassalle Toro, tanto Coralys Veguilla, directora de asuntos legales de la Administración de Familias y Niños (ADFAN), como Iván Soto Vergés, director de la División de Legislación del Departamento de Justicia, alegaron desconocer que la OPM había solicitado esta información.

“Nosotros estamos absolutamente en disposición de cooperar con cualquier petición de la OPM”, dijo Soto Vergués.

Por su parte, Veguilla indicó desconocer que la OPM hubiese pedido colaboración en torno a los casos de menores, que son los que atiende ADFAN, que es parte del Departamento de la Familia (DF).

Mientras que la trabajadora social Yolanda Rosario Álvarez, del DF, y que está a cargo de los menores ubicados en establecimientos residenciales, comunicó que esta agencia tiene a 21 menores evadidos que están bajo la custodia del DF.

Rosario Álvarez explicó que en la mayoría de los casos, son jóvenes de más de 18 años, que no están dispuestos a seguir la disciplina que imponen en estos centros, por lo que huyen y se “auto ubican” con familiares.

La trabajadora social puntualizó que la agencia los cataloga como evadidos, ya que están bajo la custodia del DF hasta que cumplan los 21 años, por lo que deben hacer gestiones para encontrarlos y regresen al establecimiento residencial, que la agencia decidió que estuvieran.

Al ser cuestionadas por el representante Jesús Manuel Ortiz, las funcionarias indicaron que no existen casos de menores de 18 años evadidos de los hogares de crianza.

Ambas agencias afirmaron que existen los instrumentos y las leyes para atender estos casos, pero que cada uno es tratado de forma individual debido a las circunstancias que le rodean.

Asimismo, manifestaron que cada caso de desaparición inicia con una querella que es sometida ante el NPPR para investigar los particulares del caso y así determinar si se trata de una desaparición porque la persona es víctima de violencia de género o si es un secuestro.

El NPPR, que fue citado en el día de hoy, no compareció a la vista pública por lo que el presidente de la Comisión, Lassalle Toro, anunció que la agencia será citada nuevamente.

También, indicó que se propone invitar a personas que trabajan diariamente en este tema para conocer las razones que hay detrás de esta problemática y qué legislación es necesaria para atajar esta situación.

“Aquí no venimos a juzgar a nadie, aquí venimos a buscar soluciones; a crear la conciencia sobre lo que está sucediendo y cómo podemos aunar esfuerzos para poder colaborar ya que un solo secuestro, una sola desaparición es demasiado”, dijo Lassalle Toro, quien enfatizó que es necesario conocer en qué se está fallando y hacia dónde hay que dirigirse para evitar estos sucesos.

En esa misma línea, la representante de la zona oeste, Maricarmen Mas Rodriguez, pidió proactividad y dijo que el aumento en este tipo de casos “nos levanta bandera de que algo no está funcionando bien. Lo que queremos es buscar soluciones no venimos aquí a echarle culpas a nadie; si queremos que esta situación se atienda de una manera eficiente y ver dónde estamos fallando”.INS

 

P. Rico-Denuncian uso de fondos CDBG-DR para contratos millonarios de publicidad

San Juan, 30 sep (INS).- Con los contratos en mano, el senador Aníbal José Torres y el candidato a representante por acumulación, Gabriel López Arrieta, ambos del Partido Popular Democrático (PPD), denunciaron el otorgamiento de cinco contratos que totalizan alrededor de 60 millones de dólares, suscritos entre el Departamento de Vivienda y diferentes empresas.

Según revelaron, las contrataciones se hicieron con fondos CDBG-DR para gastos de promoción y publicidad, entre otros.

“Otorgar 60 millones de dólares en contratos para promoción y publicidad, entre otros asuntos, con fondos CDBG-DR, es una barbaridad. Mientras miles todavía viven bajo toldos azules, otros carecen de viviendas seguras y existe un reclamo, a viva voz, por parte de los Alcaldes de las necesidades de recuperación, rehabilitación y reconstrucción de sus municipios”, criticó Torres.

Según el político, hay varios cuestionamientos: “¿Quién le va a explicar al país el por qué se otorgaron estos contratos millonarios a entidades como el DMO y Foundation for PR, quienes fueron centro de escándalos por mal manejo de fondos? ¿Quién le va a explicar a esas familias que todavía sufren las consecuencias del huracán María, cómo para el gobierno la promoción y la publicidad van por encima de sus necesidades”.

Los contratos fueron otorgados por el Departamento de Vivienda entre 2018 y 2020, con fondos CDBG-DR que fueron asignados a Puerto Rico para invertir en la recuperación, rehabilitación y reconstrucción de la isla.

Entre las empresas contratadas se encuentran Foundation for PR por 37.5 millones, el DMO por ocho millones y Tere Suárez por tres millones.

Del análisis de los contratos se desprende que son para realizar labores de promoción, publicidad y coordinación de campañas digitales.

“Cuando leemos los contratos vemos también que se subcontrata personal que facturará a razón de 150 dólares la hora. Además, la mayoría de los contratos son por pocos meses”, mencionó López.

Señaló que “hoy, el país es testigo de la falta de ayudas brindada por el Departamento de Vivienda que es el responsable de administrar estos fondos. Son ellos los que pueden ayudar a cientos de familias que todavía sufren, que tienen necesidades. Madres solteras, personas envejecientes, niños y niñas que viven bajo un toldo azul. Ante este escenario la respuesta del Departamento es atender como prioridad asuntos relacionados con promoción y publicidad. Esto demuestra la incapacidad del gobierno y como las prioridades están trastocadas”.

Torres y López demandaron conocer el resultado de las contrataciones y cómo beneficiaron a los puertorriqueños.

Dijeron que estos eran solo una muestra de otros contratos similares que suscribió el Departamento de Vivienda con los mismos fines.

Exigieron y emplazaron al secretario de la Vivienda para que muestre las facturas y evidencia de los trabajos realizados.INS

 

P. Rico-Coronavirus/Secretario de Salud informa que se han retomado las reuniones para exponer recomendaciones que se presentarán a la gobernadora cara a próxima orden ejecutiva del 4 de octubre

San Juan, 30 sep (INS).- El secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González Feliciano, informó hoy que se han retomado las reuniones para exponer recomendaciones que se presentarán a la gobernadora Wanda Vázquez Garced cara a próxima orden ejecutiva del 4 de octubre

“En el día de hoy, retomamos el proceso de reuniones para exponer las recomendaciones que se presentarán a la gobernadora Wanda Vázquez Garced, de cara a la próxima orden ejecutiva que inicia el 4 de octubre”, dijo González Feliciano.

Abundó que “el grupo de científicos se reunió hoy y se compartieron los datos preliminares que tiene cada uno de los componentes relacionados al comportamiento del Covid-19 en Puerto Rico; sin embargo, es prematuro adelantar las recomendaciones finales, dado que el análisis completo de dichos datos está en etapa inicial”.

El funcionario adelantó que “en los próximos días, continuarán las reuniones con los distintos sectores para, finalmente, hacer las recomendaciones a la primera ejecutiva, quien tomará la decisión final sobre lo que incluirá la próxima orden ejecutiva”.INS

 

P. Rico-Negociado de Energía informa que no habrá aumento en factura de la electricidad y ordena devolución de seis millones de dólares a consumidores de la AEE

San Juan, 30 sep (INS).- El Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) de la Junta Reglamentadora de Servicio Público (JRSP) determinó que no habrá un aumento en la factura de energía eléctrica por concepto de compra de combustible y aprobó un crédito a los consumidores en la cláusula de compra de energía.

Cada tres meses la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) tiene que someter al Negociado de Energía la reconciliación de gastos e ingresos en cuanto a factores como las cláusulas de ajuste por compra de combustible y por compra de energía, para que sean evaluadas por el ente regulador.

Para el periodo que entrará en vigor del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2020, el Negociado determinó en cuanto a la cláusula de ajuste por compra de combustible que la misma se mantiene inalterada para dicho periodo.

Esto debido a que la información sometida por la AEE no era suficiente o tenía inconsistencias.

“Ante la marcada diferencia entre los costos de combustible presentados por la Autoridad en algunas de sus unidades y la tendencia de los precios de los mercados, así como las expresiones de la Autoridad durante la conferencia técnica referente a los precios mensuales promedio de combustible, el Negociado de Energía no puede determinar, en estos momentos, si los costos por concepto de compra de combustible para el periodo de junio, julio y agosto de 2020, según presentados por la Autoridad, son razonables”, establece la resolución y orden.

En relación a la cláusula por ajuste de compra de energía el Negociado de Energía ordenó un crédito a los consumidores de 6,651,786.95 millones que representa una reducción de 0.02 centavos por kilovatio hora.

“Los ingresos de la Autoridad para los meses de junio, julio y agosto de 2020 son mayores que la cantidad a ser recobrada por concepto de compra de energía para el referido periodo. Por lo tanto, la AEE debe otorgar un crédito a sus clientes equivalente a la diferencia durante el próximo periodo de facturación”, señala el documento.

El Negociado de Energía requirió mayor información a la AEE y reiteró la necesidad de realizar una auditoría del proceso de compra, adquisición, acarreo, almacenaje y consumo de combustible llevado a cabo por la Autoridad durante los pasados años, por lo que próximamente iniciará un proceso a esos fines.INS

 

 

P. Rico-Policía comparte responsabilidad en el asesinato de Rodríguez y “tiene que rendir cuentas”, afirma portavoz de entidad Kilómetro Cero

San Juan, 30 sep (INS).- La directora ejecutiva de Kilómetro Cero, Mari Mari Narváez, afirmó hoy que la Policía comparte responsabilidad en el asesinato de Rosimar Rodríguez y “tiene que rendir cuentas”.

Las expresiones de Mari Narváez se dieron debido a la “desidia y lentitud” exhibida por la Policía tras el secuestro y asesinato de Rodríguez y debido a que la uniformada “comenzó a investigar el caso cuatro días después del secuestro, como el de una persona desaparecida, cuando la familia de la joven insistió en todo momento en que había sido secuestrada”.

“La organización ciudadana Kilómetro Cero exige que el historial de inercia e indiferencia del cuerpo policiaco hacia la violencia de género y los feminicidios tiene que tener consecuencias legales inmediatas”, declaró la vocera.

Agregó que “los asuntos de vida o muerte que atraviesan las mujeres en nuestro país no pueden seguir esperando porque la Policía de Puerto Rico algún día, nadie sabe cuándo, se reforme”.

Opinó que “el trabajo de la Policía no es velar quién va o no a la playa ni es agredir o arrestar a las personas que protestan. El trabajo de la Policía es investigar un secuestro de inmediato. Si no pueden iniciar una investigación con el sentido de urgencia que requiere el secuestro de una mujer: ¿Para qué tenemos Policía? La Policía de Puerto Rico comparte responsabilidad en el asesinato de Rosimar, todo apunta a una negligencia crasa en el incumplimiento de sus obligaciones. Tiene que rendir cuentas al país. Exigimos consecuencias legales contra los responsables de la indiferencia, la lentitud y la negligencia”.

Kilómetro Cero es una organización sin fines de lucro que aspira a un Puerto Rico donde el Estado proteja la vida humana, las libertades y la dignidad en la búsqueda de la seguridad pública, para una sociedad más democrática y justa.INS

 

P. Rico-Acevedo Vilá y el candidato del PPD a la alcaldía de Aguadilla atan el desarrollo económico de la región oeste a la derogación del cabotaje aéreo

Aguadilla, 30 sep (INS).- El exgobernador y candidato del Partido Popular Democrático (PPD) a comisionado residente, Aníbal Acevedo Vilá, y el candidato a la alcaldía de Aguadilla, Julio Roldán Concepción, se comprometieron hoy a dar continuidad a los esfuerzos para derogar el cabotaje aéreo y con ello fortalecer las oportunidades de crecimiento económico para el aeropuerto regional de este municipio.

“El municipio de Aguadilla ha tenido alcaldes PNP por los pasados 23 años y ahora la exsecretaria de la Familia y alcaldesa por default, Yanitzia Irizarry, quiere perpetuar que el PNP siga en el poder cuando no han logrado ni siquiera hacer relevante un aeropuerto construido y listo para ser desarrollado al máximo de su potencial. Eso no lo podemos permitir”, dijo Acevedo Vilá.

El político reiteró que promover legislación en el Congreso para derogar permanentemente las leyes de cabotaje aéreo es una de sus prioridades de ser electo comisionado residente.

En conferencia de prensa en los antiguos terrenos de la base Ramey, Roldán Concepción acusó que el aeropuerto Rafael Hernández fue cerrado al comienzo de la pandemia y que aunque originalmente aplaudió la decisión por tratarse de una medida de seguridad para prevenir contagios por el Covid-19, al día de hoy no hay una fecha de reapertura ni un plan para manejar esa reapertura, que se hace necesaria y es urgente para que la economía de la región no siga sufriendo.

“No estamos pidiendo algo descabellado sino lo mismo que se ha hecho en otras partes del Mundo en las que los aeropuertos han cerrado y vuelto a abrir”, dijo el candidato al alcalde.

Acevedo Vilá explicó que parte del problema está en la falta de efectividad de la comisionada residente Jenniffer González en Washington, “pues su gestión se limita a la fanfarria en comunicados de prensa y en hacerle coro a los insultos de Trump pero después no hace su trabajo de seguimiento y de ello también ha sido víctima el municipio de Aguadilla”.

El exgobernador recordó que la comisionada residente anunció “con bombos y platillos que había logrado eximir a Puerto Rico del cabotaje aéreo por dos años y que desde ese mismo momento expertos coincidieron en que una dispensa de dos años no iba a ser efectiva ni suficiente, ya que ninguna compañía iba a estar dispuesta a cambiar sus rutas de transporte aéreo por una garantía tan limitada”.

El cabotaje aéreo representa el 2.7% de toda la carga que llega a Puerto Rico.

El exgobernador sostuvo que para lograr un verdadero impacto para Aguadilla y la zona oeste se necesita que se exima a Puerto Rico totalmente del cabotaje aéreo “y eso se logra a través de legislación en Washington, promoviendo la continuidad de la dispensa administrativa para que, unido a cambios en los reglamentos, sea la propia industria privada la que marque la mejor ruta a seguir a base de las necesidades del mercado y de la zona”.

“No olvidemos que la idea original de eliminar las leyes de cabotaje aéreo fue de Héctor Ferrer y su propuesta incluía legislación y acción concertada con el municipio de Aguadilla y los otros de la región así como con el sector privado”, dijo Acevedo Vilá.

El candidato a comisionado residente explicó que el 27 de julio de 2017, cuando el Congreso y el Senado federal eran controlados por los republicanos de Trump, la comisionada residente presentó el proyecto 3472 en la Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara para eliminar el cabotaje aéreo para la isla, “pero solo consiguió que tres congresistas la respaldaran, dos de ellos demócratas (Nydia Velázquez, la campeona de Puerto Rico, y Darren Soto). El único republicano que la apoyó fue Thomas McArthur de Nueva Jersey, quien ya no está porque perdió su escaño”.

Agregó que “luego de las elecciones, el 25 de abril de 2019, la comisionada residente presentó el mismo proyecto (2357) ante la misma comisión y al día de hoy no tiene ni un solo coautor”.

Comentó que “ser comisionado residente no es presentar legislación para decir que se hizo algo. Hace falta conocer cómo trabaja el Congreso, establecer relaciones con los congresistas y buscar cómo insertar las propuestas buenas para Puerto Rico en los vehículos legislativos que buscan atender los temas de interés para Estados Unidos. Así trabaja el Congreso, pero Jenniffer todavía no lo ha entendido”.INS

ndc