
Parte de los expedientes de corrupción que estaban a cargo de la Fiscalía del Distrito Nacional. / Inter News Service
Santo Domingo, 27 sep (INS).- Un funcionario del Ministerio de Salud Pública fue suspendido por estar implicado en un supuesto acto de corrupción consistente en gestionar empleos a cambio de dinero, según informó Milagros Ortiz Bosch, directora general de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig).
De ser cierta la versión, sería el primer caso de corrupción que brota a la luz pública en el gobierno del presidente Luis Abinader y otro que se agregaría a los expedientes de la anterior administración estatal indagados por las nuevas autoridades.
La suspensión del servidor público, cuya identidad se mantiene en secreto hasta que se compruebe el hecho, fue confirmada el sábado por el ministro de Salud Pública, Plutarco Arias, a través de su cuenta de Twitter.
“Recibimos denuncias sobre un empleado de @SaludPublicaRD, estaba involucrado en actos de corrupción; inmediatamente fue suspendido del cargo y este lunes estaremos recibiendo a @OrtizBosch, para su investigación ante la Digeig. No toleraremos este tipo de conductas”, dijo Arias.
Milagros Ortiz Bosch advirtió que, de confirmarse la denuncia, procurarán que los implicados reciban sanciones administrativas y que, además, sean derivados a Justicia.
Sobre el tema, la también exvicepresidenta de la República emitió el siguiente comunicado de prensa:
“Después de confirmar la cancelación de un funcionario del ministerio de Salud Pública, presuntamente por tramitar empleos a cambio de dinero, la Digeig informa que en cumplimiento con lo establecido en el artículo 6 numeral 22 del Decreto 486-12, asume de oficio la investigación del caso para tratar de establecer su veracidad y disponer las medidas que correspondan, de acuerdo a la Ley”.
Se recuerda que la Procuraduría General de la República recibió el primer expediente que involucra a un funcionario del gobierno que encabezó Danilo Medina.
Se trata del exministro de Obras Públicas y candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, acusado de cometer supuestas irregularidades en la compra de hormigón asfáltico caliente por 11,500 millones de pesos (196,8 millones de dólares).
La imputación fue hecha a través de la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, que dirige Carlos Pimentel y Milagros Ortiz Bosch, quienes depositaron los documentos ante la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (Pepca).
Dentro de las conclusiones del informe está que “los procedimientos de exclusividad referidos no fueron llevados a cabo conforme al debido proceso administrativo que rigen las compras y contrataciones públicas».
Prioridades de procuradora
Debido a los reclamos de la población para que sean castigados con drásticas penalidades los responsables de cometer acciones dolosas en perjuicio del Estado dominicano, la procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, citó entre las prioridades de su gestión un apego riguroso y transparente a los criterios de profesionalización de la función, con el fortalecimiento de las técnicas investigativas y el respeto a la Constitución, las leyes y las normativas internacionales.
“La firmeza en la persecución del tipo penal de que se trate no implica que esta Procuraduría parta del errado supuesto de que, al pasar a ser procesada una persona, pierde todos los derechos reconocidos en la Constitución, tratados y leyes”, recordó.
Germán Brito, durante un encuentro de trabajo con parte del equipo de investigación que acompañará su gestión desde las distintas áreas que maneja su despacho, aseguró que “no toleraremos la corrupción, el narcotráfico ni ningún otro delito; ni tampoco trataremos a los procesados con paños tibios”.
Añadió que “las investigaciones se harán a profundidad, teniendo como norte aportar pruebas a los tribunales que, por haber sido recabadas sin violar derechos y apegadas a la ley, podrán sustentar una sanción que soporte cualquier escrutinio que ejerzan los procesados a través de los recursos legales a su disposición”.
Asimismo, el 31 agosto la Procuraduría General asumió la investigación de varios expedientes de corrupción que estaban a cargo de la Fiscalía del Distrito Nacional, como parte de una reingeniería enfocada en la transformación integral de las indagatorias y los procesos relativos a ese tipo de delito. INS
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