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Vista de la sala de audiencia del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. Inter News Service
Santo Domingo, 21 sep (INS).- Con algunos incidentes procesales se reabrió hoy lunes una nueva fase del juicio de fondo seguido a seis implicados en los sobornos por 92 millones de dólares que admitió pagar la constructora brasileña Norberto Odebrecht en la República Dominicana a funcionarios, empresarios y políticos a cambio de obtener contratos privilegiados en obras millonarias entre 2001 y 2014.
El caso se conoce en vivo desde el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional contra el empresario Ángel Rondón Rijo, el exministro de Obras Públicas, Víctor José Díaz Rúa; el abogado notario Conrado Enrique Pittaluga Arzeno; el expresidente del Senado, Porfirio Andrés Bautista García; el exdirector del Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado (INAPA), Juan Roberto Rodríguez Hernández, y exsenador del opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Tommy Alberto Galán Grullón.
Según el expediente elaborado por los fiscales investigadores dominicanos, el soborno fue distribuido por el empresario Rondón Rijo, quien admitió era el lobista que trabajaba por contrata para el emporio sudamericano.
La audiencia inició con algunos incidentes presentados por los abogados defensores que pidieron el descargo de los acusados bajo el argumento de que el Ministerio Público no estaba legalmente representado en el proceso debido a que la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, se inhibió de tomar participación en el juicio.
Se recuerda que el 18 de septiembre, Germán Brito presentó ante la Secretaría del Ministerio Público su formal desistimiento para tratar cualquier asunto relacionado con el expediente.
La funcionaria definió su decisión como “coherente con la postura que mantuve en la etapa en que me desempeñé como jueza de la Suprema Corte de Justicia”.
Sostuvo que su actuación “jamás deberá limitar la libre actuación, apegada a la Constitución, a la ley y a su conciencia, de cada miembro del Ministerio Público que intervenga en el conocimiento del proceso”.
Otro incidente que generó prolongados debates fue el presentado por la defensa del exsenador Galán Grullón al presentar al tribunal el alegato de que el acusado no debía estar presente en la audiencia porque que no fue formalmente convocado para ese proceso en virtud de que no existe un Acto de fijación de audiencia para ese caso.
Pidieron aprobar una “reposición de plazos” en favor del ex legislador a los fines de que éste sea formalmente notificado “para poder ejercer el derecho del orden de pruebas” que han presentado los fiscales ante este nuevo escenario.
En diciembre del 2019, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), presidido por el magistrado Luis Henry Molina, separó el expediente en cuanto a Galán Grullón para ser juzgado aparte debido a que tenía inmunidad parlamentaria, y declinó el proceso de cinco que no gozaban de privilegio judicial, a la instancia ordinaria.
En ese contexto, un miembro de la parte acusadora, representada por Wilson Camacho, que además es el procurador especializado en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), respondió a todos esos argumentos presentados calificándolos como una estrategia de dilatar el juicio.
Precisó que la ley 133-11 no dice que la procuradora debe estar presente en el juzgado, como alegan los abogados de la defensa, sino uno o más representantes.
“Sobre inhibición no especifica lo trámites de inhibición, no está en la norma jurídica. El Consejo Superior del Ministerio Público no tiene facultad para decidir sobre esa decisión, según el artículo 47 de esa ley. No tiene jurisdicción sobre la procuradora general ni sobre los adjuntos; no los designa, no puede remover ni los puede cancelar”, dijo.
Camacho explicó que el Art.30 de la ley 133-11 establece que la procuradora general representará al Ministerio Público ante la Suprema Corte de Justicia o un Procurador Adjunto, por lo tanto no tiene que estar en una audiencia de primera instancia.
“Al salir el expediente de la jurisdicción de la Suprema Corte de Justicia, el ministerio público puede estar representado por un Procurador de Corte de Apelación, por un Procurador Adjunto o por un procurador fiscal, titular o no”, añadió.
El fiscal Wilson Camacho aclaró que la “la procuradora general de la República no es el Ministerio Público” y aseguró que los abogados de la defensa “tienen interés de retardar innecesariamente este proceso”, advirtiendo que “la falta de lealtad en el litigio se castiga con el litigio temerario”.
Pidió al tribunal rechazar la solicitud del aplazamiento de la audiencia a los fines de que se cursen los trámites de la inhibición de la señora procuradora general de la República, poco exigieron los juristas defensores, “toda vez que estos trámites son inexistentes y carecen de base legal”.
Además, solicitó que se rechace el pedimento de la defensa de que este juzgado dé por retirada la acusación y en consecuencia produzca el descargo de los acusados “toda vez que los fiscales se encuentran en esta audiencia correcta y legalmente constituido y presto para presentar la acusación en el momento que lo decida la presidencia de este tribunal”.
Por igual, planteó que el tribunal declare la inadmisibilidad de la recusación invocada en contra del ministerio público “por no haberse presentado los motivos ni las evidencias que establece el artículo 80 del Código Procesal Penal Dominicano el cual entra al proceso por mandato del artículo 81 de la Ley 133-11”.
La defensa de Conrado Enrique Pittaluga Arzeno, el abogado Eric Raful, y otros juristas involucrados en el juicio penal, negaron la intención de retrasar el proceso pendiente por conocer desde el 2019, cuando se formalizó la acusación contra 14 personas por aceptar los sobornos de Odebrecht, pero el entonces procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, excluyó a ocho del expediente.
APLAZAN AUDIENCIA
El primer tribunal colegiado del Distrito Nacional aplazó para el miércoles 30 del presente mes la continuación del juicio.
La decisión la asumió la presidencia del tribunal, magistrada Gissel Pérez Méndez, a fin de que se formalice la tramitación de la inhibición presentada por la procuradora Miriam Germán Brito y se decida la recusación de la defensa técnica.
La inhibición de la magistrada Germán Brito debe ser tramita en el Consejo del Poder Judicial, según las normas jurídicas. INS
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