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San Juan, 13 sep (INS).- Los representantes Rafael “Tatito” Hernández Montañez, Luis Raúl Torres Cruz y José “Conny” Varela, del Partido Popular Democrático (PPD), aseguraron hoy que la entrada de la compañía Luma Energy traerá consigo un aumento en el costo de la energía eléctrica y el despido masivo de empleados públicos.
Según informaron los legisladores, la información salió a relucir en una vista pública que el liderato legislativo del PNP comenzó en horas de la tarde y terminó en la noche del pasado jueves con la finalidad de evitar cobertura de la prensa.
Del mismo modo, los representantes populares dieron a conocer las reveladoras respuestas que dieron varios deponentes en la vista pública sobre el contrato con Luma Energy, entre las que salió a relucir que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) solo retendría decenas de empleados, mientras que sobre cinco mil trabajadores pasarán al ente privatizador.
“Aún no ha finalizado el proceso de adjudicación de este contrato y el señor Fontanés, director de la Autoridad de Alianzas Público Privadas (APP) informó que Luma Energy no está en la obligación de retener a los cerca de cinco mil empleados que laboran en la AEE, una vez asuma el control de las operaciones de la corporación pública”, expresó Hernández Montañez.
Agregó que “Fontanés solo se limitó a contestar que Luma Energy contratará a los empleados bajo el estado de derecho actual, lo que significa que aproximadamente el 98% de la plantilla de la AEE no tiene sus trabajos asegurados y, en el caso de ser recontratados, indicaron que sería mediante la Ley de Reforma Laboral del PNP”.
“Sobre esto, pregunté en qué parte del contrato entre la AEE y LUMA se excluye a los empleados de la reforma laboral, pero los deponentes no pudieron contestar”, abundó el portavoz del PPD.
Mientras, Luis Raúl Torres dijo que “en esta vista pública quedó al descubierto que la AEE no tiene ninguna metodología para fiscalizar a Luma y que, a 186 días de haberse firmado el contrato, la empresa hará un ajuste tarifario”.
“Estamos hablando de que el gobierno pagará más de 70 millones de dólares a Luma para que asuma relativamente la operación completa de la AEE y no supieron contestar cuánto le cuesta actualmente a esta corporación realizar las mismas funciones que asumirá esta empresa mediante una alianza público privada, lo que deja entrever que esta transacción le costará demasiado al país”, sostuvo Torres Cruz.
En la misma línea, Hernández añadió que “prácticamente se pasó de un monopolio público a uno privado, en el que se subcontratará servicios profesionales para manejar los departamentos de recursos humanos y finanzas, entre otros, sin garantías de que sean empleados o empresas puertorriqueñas”.
“Conny” Varela cuestionó si existía algún acuerdo entre las empresas creadoras de Luma (Quanta, IEM Y ATCO) para presentar su propuesta de operación y administración de la transmisión y distribución de energía eléctrica que hoy hace la AEE, información que Omar Marrero, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal se rehusó a brindar, alegando que todo había sido transparente y que no era necesario hacerlo público.
“Son muchas las interrogantes que no fueron contestadas. Al día de hoy, desconocemos detalles de si la entidad Luma College for Technical, creada para formar celadores, está acreditada por el Consejo de Educación de Puerto Rico, la Junta Examinadora de Peritos Electricistas o el Colegio de Peritos Electricistas”, apuntó Varela.
Añadió que “no sabemos los proyectos que esta empresa realizará con fondos de FEMA para mitigar los daños provocados por el huracán María y el terremoto del 7 de enero, o si existe alguna garantía de penalidades en caso de incumplimiento de contrato. Tampoco se especificó si hay métricas o parámetros específicos de cumplimiento con los términos y condiciones establecidos en el acuerdo”.
Los legisladores populares recabaron la importancia de citar a deponer a Luma Energy e hicieron varios requerimientos de información, como la divulgación de los otros licitadores que participaron de la subasta para evaluar los criterios de selección.
“Este contrato no sólo trastocará la operación y los servicios de la AEE, sino aumentará el costo de vida y de hacer negocios en la isla, además de representar una seria amenaza para miles de empleados que corren el riesgo de quedarse desempleados. Ante esta realidad, exigimos que el gobierno y la legislatura sean más claros con el país”, insistieron. INS
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