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Carta enviada por la presunta perjudicada. Inter News Service
San Juan, 13 sep (INS).- El Partido Nuevo Progresista (PNP), a través de los legisladores José Aponte Hernández y Michael Abid Quiñones Irizarry, solicitaron al Departamento de Justicia y a la Oficina de la Procuradora de la Mujeres, investigar la conducta del alcalde de Jayuya, Jorge González Otero, por alegadamente encubrir un caso de maltrato psicológico, acoso laboral, intento de hostigamiento sexual y la comisión de fraude con fondos federales asociados al cuido de adultos mayores.
Los legisladores oficialistas emplearon con esos fines una carta suscrita por Corallys González Rivera, empleada del municipio de Jayuya por más de una década, en la cual detalla el maltrato y acoso al cual estuvo sujeta, así como la falta de acción del alcalde.
La querella de Aponte Hernández y Quiñones Irizarry está dirigida, además al Departamento de Justicia de Estados Unidos, ante lo que calificaron de “un dramático esquema para defraudar el gobierno federal”.
“El alcalde de Jayuya, menospreciando la figura de la mujer trabajadora de su pueblo, le dio la espalda a una denuncia de acoso laboral, persecución, maltrato y hasta intento de hostigamiento sexual presentado por una empleada del municipio con sobre 13 años de servicio intachable. Este funcionario prefirió moverla de su trabajo en la Legislatura Municipal, donde ocurrieron los hechos, a otro departamento, en este caso, a un centro de envejecientes”, señaló Aponte Hernández.
El expresidente de la Cámara de Representantes afirmó que el alcalde jamás investigó la denuncia, “al contrario, trató de encubrir el caso moviendo a la víctima en vez de actuar para erradicar este terrible mal”.
“Realmente lo que hizo el alcalde no tiene nombre y merece el repudio de todos, (ya que) no sólo se quedó callado, avalando el patrón de acoso, hostigamiento y maltrato contra una de sus empleadas, sino que luego la comenzó a perseguir porque ella levantó, por los canales establecidos, la voz de alerta ante las serias irregularidades y posible fraude que observó en uno de los programas del municipio”, dijo Quiñones Irizarry, quien representa el Distrito 22 de Utuado, Lares, Adjuntas y Jayuya.
Alegó que la intención era que se corrigiera la situación, y la administración municipal, en vez de evaluar y tomar acción correctiva, lo que hizo fue acosar a esta mujer.
En la misiva, fechada el 8 de septiembre de 2020, la empleada explica que mientras trabajaba en el Centro de Envejecientes Catalina Adrover Serrano, donde fue relocalizada para tratar de encubrir el acoso y hostigamiento, González Rivera se percata de una serie de irregularidades y hasta posible comisión de actos ilegales relacionadas a la administración de fondos federales.
“Según dice la empleada en su carta, el Centro Catalina Adrover Serrano no tenía la cantidad necesaria de personas de la tercera edad diariamente para continuar recibiendo los fondos federales. En vez de buscar alternativas legales, la Supervisora de Alimentos del Centro, en unión con la Directora de la facilidad, colocaban sus iniciales en la lista de asistencia diaria de personas que no venían, cometiendo así fraude. Para añadir a este abuso, la administración municipal, liderada por su Alcalde, aumentó la persecución contra la empleada, moviéndola a una oficina alejada y sin funciones. Luego, pretenden regresar a la Legislatura Municipal, donde su maltratante y acosador continúa estando, porque el Alcalde no lo removió de su escaño, al contrario, trató de que nada de esto saliera a la luz pública”, expresó Aponte Hernández.
La empleada señala a Francisco Torres Pagán, expresidente de la Legislatura Municipal, actual Legislador Municipal y quien enfrenta otra querella por acoso sexual de parte de otra empleada en 2019.
“Nuestra intención es que el Departamento de Justicia, así como la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, comiencen investigaciones profundas sobre estos serios alegatos y denuncias. Que, además, provean los mecanismos para proteger a la empleada, que es madre y tenía pánico de perder su empleo. También estaremos trayendo este asunto ante la consideración del Departamento de Justicia federal, al igual que la Administración de Niños y Familias, adscrito al Departamento de Salud y Servicios Humanos federal”, agregó Quiñones Irizarry. INS
ndc
