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San Juan, 31 ago (INS).- Luego de que el Tribunal de Primera Instancia determinó la desestimación de los casos contra Gabriel Díaz Rivera, Verónica Figueroa Huertas, Randiel Negrón Torres, Francisco Santiago Cintrón y Thaliangelly Torres González, el Departamento de Justicia indicó que evalúa el curso a seguir.
Justicia consignó que la determinación se debió a la indisponibilidad de un testigo, que se encuentra fuera de Puerto Rico y que manifestó en varias ocasiones que no está dispuesto a viajar a la Isla.
De acuerdo con Justicia, la jueza superior Eloína Torres Cancel reconoció que el Ministerio Público ha realizado esfuerzos e inclusive ha auxiliado al Tribunal para lograr la comparecencia de dicho testigo.
En la resolución, la jueza sostiene que el Tribunal no tiene un mecanismo real y efectivo para compeler su comparecencia ni en esta ni en ninguna otra etapa del procedimiento.
“En cuanto a planteamientos traídos por la defensa es de notar que el Tribunal no entendió meritorio atender ninguno de ellos. Por lo que permanece el estado de derecho en cuanto a las actuaciones investigativas, las cuales fueron realizadas al amparo de una orden de registro y allanamiento, sin violentar derechos de éstos u otros ciudadanos”, señaló la agencia.
Agregó que “en este caso el procesamiento fue avalado en dos etapas diferentes por jueces distintos al obtenerse causa para arrestar y causa para acusar. El Departamento de Justicia se encuentra evaluando la resolución y sentencia para determinar el cause procesal a seguir con respecto a los casos”.
Torres Cancel desestimó hoy los cargos criminales contra cinco estudiantes universitarios imputados de diversos delitos por haber irrumpido el 27 de abril de 2017 en una reunión de la junta de gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR).
Transcurridos tres años de haber sido acusados junto a otros compañeros, los cinco acusados se libraron de los cargos, justo cuando se procedería a la desinsaculación de los miembros del jurado.
La decisión de la jueza Torres Cancel, del Tribunal Superior en San Juan, pone de este modo fin a los que los jóvenes universitarios describieron como un esquema persecución política por parte de la administración universitaria y el Departamento de Justicia, que ha intervenido con las cuentas de Facebook de miles de estudiantes.
El incidente que dio origen a las acusaciones y a la intervención en las cuentas de los universitarios se produjo durante una reunión del organismo rector de la UPR, celebrado en el Jardín Botánico de Río Piedras, cuando increparon a sus integrantes en torno a los recortes presupuestarios para la universidad pública.
La jueza acogió una moción de desestimación de los cargos, presentada el pasado 17 de agosto por la licenciada María Soledad Sáez.
La abogada de la Sociedad para la Asistencia Legal explicó que una de las mayores dificultades que había tenido la fiscalía era que el policía que investigó se había negado a declarar.
Según indicó la licenciada Mariana Nogales Molinelli, abogado de uno de los imputados cuya caso se desestimó anteriormente, el policía se encuentra residiendo en Florida, después de retirarse del cuerpo armado puertorriqueño.
“Fiscalía tiene un gran problema y es que el agente investigador se retiró de la Policía”, afirmó Nogales Molinelli previo a comenzar la audiencia de este lunes.
Según indicó a la agencia INS, este agente era el que se encargaba de identificar a los estudiantes para intervenir sus cuentas de Facebook, al igual que se hizo con la del periódico cibernético Pulso Estudiantil.
El licenciado Juan Ramón Acevedo expuso que la jueza superior acogió la moción de la defensa solicitando la desestimación de los cargos por múltiples violaciones a los términos de celebración de juicio rápido y debido procedimiento de ley.
“La moción se fundamentaba en todas las violaciones que le han cometido a estos jóvenes, con interminables faltas a los términos”, manifestó Sáez.
Decenas de personas se manifestaron frente al Centro Judicial de San Juan en respuesta a una convocatoria de apoyo a los universitarios hecha por la Colectiva Feminista en Construcción, una de las organizaciones más activa en la denuncia de violaciones de los derechos ciudadanos durante este cuatrienio. INS
lp