P. Rico-Abogan por mayor transparencia del gobierno, tras cuestionable manejo de cifras de casos positivos de Covid-19, inacción en compra de reactivos a pesar de aumento significativo de contagios y controversial proceso primarista

San Juan, 26 ago (INS).- El cuestionable manejo de las cifras de casos positivos y de muertes por Covid-19 en Puerto Rico, la inacción del gobierno para la compra de reactivos a pesar del aumento significativo en los contagios, el controversial proceso primarista que provocó un caos el 9 de agosto y las decisiones improvisadas tomadas, así como los escandalosos casos que enfrentan legisladores por corrupción, revelan la falta de acceso a datos concretos que permitan una fiscalización efectiva del gobierno.

Así lo consideraron tres experimentados abogados y académicos durante el conversatorio “Transparencia”, que forma parte de la II Certificación en Responsabilidad Pública y Gobernanza de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico (PUCPR).

José Frontera Agenjo, vicepresidente de Finanzas y Administración de la PUCPR, expresó que “la transparencia implica el acceso a la información, apertura a la participación ciudadana activa y la democratización institucional. Este es un mecanismo esencial para la corroboración de la verdad, para una fiscalización efectiva y para que haya espacios de rendición de cuentas y de responsabilidad. Los ciudadanos necesitan tener acceso a los espacios de decisión y gestión, a entender su funcionamiento y los procesos de toma de decisiones y poder decidir ellos mismos, con responsabilidad, el desempeño y la credibilidad de los funcionarios e instituciones públicas”. 

Igualmente, dijo que “la transparencia es una práctica de la vida personal, no solo colectiva. Refleja la coherencia entre lo que se cree, los valores e ideales que se profesan y las acciones y decisiones que realizamos cada día. Personas transparentes, producen y gestionan de forma transparente”.

Mientras, el exlegislador Víctor García San Inocencio, comentó que, en Puerto Rico, “impera el compadrazgo y el clientelismo, por lo que se estructura sistemáticamente la opacidad y la no transparencia”.

Fue más allá al afirmar que “existe un vínculo corrupción-secretividad que alimenta el que no se rindan cuentas. No rendir cuentas es medular a la falta de transparencia. La cultura de la no fiscalización y la del encubrimiento forman parte de la falta de transparencia.  El automatismo en la realización de las tareas, el pensamiento acrítico y la normalización de la indiferencia alimentan el hábito de la intransparencia. Cuando las personas y los funcionarios se habitúan a la falta de transparencia, colapsa la racionalidad del sistema y de la aspiración democrática. La delincuencia institucionalizada, o el capricho y la arbitrariedad suelen convertirse en la norma. De ahí, la violación sistemática de derechos humanos”.

Durante el conversatorio, el decano de la Escuela de Derecho, licenciado Fernando Moreno Orama también enfatizó en el acceso a la información como eje central del derecho constitucional de Puerto Rico.   

“La transparencia en la gestión pública tiene su raíz en el derecho constitucional a la libertad de expresión y prensa. Una buena y sana gestión gubernamental necesita que las personas estén informadas, con lujo de detalle, de las acciones de sus funcionarios. Si la información no fluye de manera adecuada y continua, los derechos políticos básicos estarían limitados en su base. En la época en que vivimos, no hay excusa para que la información gubernamental esté disponible en portales cibernéticos debidamente actualizados para promover y facilitar la práctica de una sana democracia”, dijo.INS

lp