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Santo Domingo, 21 ago (INS).- La organización cívica no partidista Sed de Justicia depositará en la Procuraduría General de la República una querella penal por corrupción contra dos ex funcionarios del pasado gobierno, acusados del manejo irregular de más de 19,000 millones de pesos dominicanos (324,779,540 dólares) en la compra de hormigón asfáltico caliente.
La acción judicial afecta a Gonzalo Castillo y Ramón Pepín, exministros de Obras Públicas. Castillo fue el derrotado candidato presidencial del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) a las elecciones generales celebradas el 5 de julio, que ganó Luis Abinader con el 53 % de los votos.
La denuncia, la primera desde que asumió el nuevo gobierno, será entregada el lunes por una comisión de la entidad sin fines de lucro a la procuradora general, Miriam Germán Brito, recién designada por el Poder Ejecutivo con instrucciones de actuar con independencia de criterios en los procesos vinculados a desfalcos en perjuicio del Estado dominicano.
“El interés de la organización es que se apliquen penas ejemplarizantes en los casos de corrupción pública que se comprueben, para acabar con el régimen de impunidad que ha imperado en la República Dominicana”, dice la organización en la comunicación de prensa.
Agrega que la denuncia penal irá acompañada de un conjunto de pruebas para la valoración del Ministerio Público y la solicitud de acciones para resarcir los daños sufridos por el Estado y recuperar los fondos públicos malversados.
Sed de Justicia se define como una “organización de profesionales de la comunicación y el derecho que, en conjunto con empresarios, activistas sociales y comunitarios, vela por la transparencia de las instituciones del Estado y para que se castigue la corrupción en todos los niveles, tanto en lo público como en lo privado”.
El nombramiento de Miriam Germán Brito, ex jueza de la Suprema Corte de Justicia, fue sugerido al presidente Luis Abinader mediante un reclamo de diferentes sectores del país, tras valorar la larga carrera de ejercicio profesional y sus méritos como persona.
La escogencia se produce cuando la sociedad dominicana reclama al nuevo gobierno un juicio penal contra funcionarios de la administración del presidente Danilo Medina, familiares suyos y personas cercanas, que se habrían enriquecido de manera fraudulenta con los fondos públicos.
El 16 de agosto, en su discurso de juramentación como presidente de la República, Abinader advirtió que no habrá impunidad para la corrupción del pasado, ni tampoco para la que se cometa en el futuro.
Resaltó que el funcionario que se equivoque, con el dinero del pueblo, será inmediatamente destituido y puesto a disposición de la justicia. “Estamos convencidos de que la corrupción de arriba incentiva la de abajo, que es la delincuencia, que se traduce en inseguridad. Y ambas tienen que ser combatidas sin tregua”, declaró. INS
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