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Parte de las armas ocupadas./Inter News Service
San Juan, 12 ago (INS).- El comisionado del Negociado de la Policía, Henry Escalera Rivera, informó que los fiscales de la División de Crimen Organizado y del Strike Force Estatal de las jurisdicciones de Guayama, San Juan y Fajardo sometieron un total de 152 denuncias por violaciones a la Ley de Armas y la Ley de Sustancias Controladas.
Como resultado del operativo para atender el trasiego ilegal de armas, se presentaron cargos contra 42 individuos en las jurisdicciones de San Juan, Fajardo y Guayama.
La fianza global impuesta fue de 14,175,000 millones de dólares.
El operativo es parte de las iniciativas del plan anticrimen implementado por gobierno de Puerto Rico y es el resultado de una in realización de vestigación que comenzó a principios en el 2019 y que requirió la múltiples transacciones encubiertas para la compra de las armas.
Las transacciones de armas ilegales se realizan dentro del contexto de diversos esquemas de delitos que van desde robos hasta asesinatos.
Muchas de las transacciones fueron realizadas en lugares públicos como estacionamientos de centros comerciales y supermercados, restaurantes de comida rápida, negocios de venta de bebidas alcohólicas, estacionamientos de instituciones bancarias, predios de edificios gubernamentales, urbanizaciones y barrios.
“El Negociado de la Policía continúa con los esfuerzos para combatir la criminalidad y sacar de circulación cualquier elemento ilegal que abone a la violencia en nuestras comunidades. Las ventas ilegales de armas y municiones tienen un impacto directo en la seguridad de nuestro pueblo. Nos mantendremos trabajando para garantizar que la paz de los buenos ciudadanos no se vea interrumpida por transacciones ilícitas. Continuaremos ejecutando las diferentes iniciativas para, en unión a los entes municipales, estatales y federales, lograr un Puerto Rico más seguro para todos. Como ha sido la instrucción de la gobernadora Wanda Vázquez Garced, no escatimaremos en la asignación de recursos para atender el desafío que representa la criminalidad en nuestras comunidades”, explicó Escalera Rivera.
En la jurisdicción de San Juan los Fiscales Begoña de Jesús y Carlos Rivera Llorens presentaron 34 denuncias en el contra 13 imputados por violaciones a la Ley de Armas y Sustancias Controladas.
La jueza Raiza Cajigas Campbell, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, determinó causa probable para arresto contra todos los imputados en todos los cargos y ordenó el arresto de estos imponiendo una fianza global de 6,800,000.
Mientras, en la jurisdicción de Guayama, los fiscales de Strike Force Alfredo Lugo Meléndez y Rodolfo Olmedo Morales radicaron un total de 54 cargos por violaciones a la Ley de Armas en contra de 14 personas.
La jueza Ingrid Alvarado Rodríguez, del Tribunal de Primera Instancia de Guayama, determinó causa en todos los cargos e impuso una fianza total de 1,800,000 contra los imputados.
A su vez, el fiscal Eduardo Beale Targa del Strike Force de la jurisdicción de Fajardo radicó en ausencia 64 denuncias contra 15 imputados.
La jueza Vanessa Sánchez Velázquez del Tribunal de Primera Instancia de Fajardo determinó causa probable para arresto contra todos los imputados e impuso una fianza global 5,575,000.INS
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