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Wilson Gómez Ramírez, presidente del Instituto Duartiano./Inter News Service
Santo Domingo, 11 ago (INS).- El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, deploró que un grupo de individuos de nacionalidad haitiana bajaran recientemente la bandera dominicana en el paso fronterizo entre Jimaní y Malpasse e invocaran supuestos derechos territoriales de ese país en el lado que nuestro territorio.
La observación se produce justo cuando el gobierno dominicano concedió la nacionalidad a 750 descendientes de haitianos, en el primer proceso de naturalización de personas que habían sido desnacionalizadas por medio de una polémica sentencia promulgada en 2013.
“Esta acción, abiertamente provocativa, aunque parece un hecho aislado, se inscribe en la tendencia sistemática de sectores de la vida haitiana que alimentan actitudes hostiles contra la patria de Duarte”, afirmó el profesional del derecho.
Gómez Ramírez recordó que en otras oportunidades, “soldados nacionales han perdido la vida, otros resultaron heridos y desarmados por estos grupos que alimentan el odio desde Haití, muchas veces con el estímulo de quienes les cortejan y protegen desde la República Dominicana por medio de Ongs y de individuos comprometidos con esos intereses anti-dominicanos”.
El también juez del Tribunal Constitucional consideró que las autoridades del vecino país siempre se han limitado a meras disculpas y lamentos, sin en ningún caso aplicar sanciones ejemplares contra esas personas que incurren en acciones claramente delictivas, para que tales castigos produzcan un efecto intimidatorio capaz de disuadir conductas futuras en ese orden.
Añadió que “los haitianos que bajaron la enseña tricolor dominicana en tierra dominicana, incurrieron en el delito de ultraje a símbolo nacional, debieron ser apresados por los militares en servicio y presentados a las autoridades judiciales; y, en la eventualidad de que escaparan hacia territorio de Haití, correspondía a su gobierno aprehenderlos y entregarlos para ser juzgados conforme a la ley número 210-19, sobre Símbolos Patrios, del 12 de julio de 2019.
Indicó que esta ley establece como castigo la pena de uno a tres meses de prisión y multa de cinco a veinte salarios mínimos del sector público, y explicó que la propia autoridad militar dominicana ha sido objeto de reiteradas agresiones por parte antisociales haitianos.
El magistrado rechazó, de manera categórica, lo que consideró como impropias estas acciones motorizadas desde Haití, y llamó a las autoridades para que demanden de manera enérgica que este hecho se investigue a fondo y haya sanciones ejemplarizantes, “de manera que se advierta el cese de la impunidad que ha predominado en el marco de la autoridad haitiana, la cual nada ha hecho para seriamente evitar que estos vergonzantes e irrespetuosos acontecimientos se sigan repitiendo”.
El Instituto Duartiano es un organismo de carácter oficial y autónomo, fundado el 26 de enero de 1964, y la ley 127-01, del 27 de julio de 2001, le otorgó autonomía, con el objetivo promover la historia, los ideales, los valores y el ejemplo del patricio Juan Pablo Duarte.
Es la institución responsable de la difusión de la vida y los ejemplos del Padre de la Patria, así como la gloriosa historia de los dominicanos.
El presidente Danilo Medina, en los días finales de su mandado que concluye el 16 de agosto, concedió la nacionalidad a 750 descendientes de haitianos que habían sido desnacionalizados por medio de una polémica sentencia promulgada en 2013.
La concesión de la ciudadanía se materializó vía un decreto firmado el pasado 16 de julio y que no había sido dado a conocer hasta este domingo, cuando fue publicado por medios locales.
La polémica se remonta a 2013, cuando el Tribunal Constitucional decidió que los hijos de los extranjeros indocumentados no son dominicanos, lo que provocó el rechazo de gran parte de la comunidad internacional y dividió a la opinión publica en el país.
La sentencia se aplicó de forma retroactiva a los nacidos después de 1929 y afectó directamente a decenas de miles de hijos de haitianos, muchos de los cuales se quedaron apátridas en ese momento, puesto que nunca habían solicitado la nacionalidad haitiana.
Las críticas internacionales suscitadas por la resolución llevaron a las autoridades locales a elaborar una ley en 2014 con la que ofrecieron ese requisito migratorio a una minoría de los afectados, los que ya tenían documentos de identidad dominicanos.INS
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