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San Juan, 5 ago (INS).- La gobernadora Wanda Vázquez tiene hasta el 9 de agosto para firmar o dar veto de bolsillo a la resolución conjunta de la Cámara 709, sobre el futuro del área natural protegida de Punta Borinquen de Aguadilla.
Sobre la medida, la organización Rescate Playas Borinquen indicó que durante los pasados siete años ha estado dirigiendo el esfuerzo de mantenimiento, conservación, restauración, embellecimiento y seguridad de los terrenos del área de la antigua base Ramey.
Las tierras fueron otorgadas a Puerto Rico en 1980 por el Departamento del Interior federal mediante un “Quitclaim Deed”, que establece que estos terrenos deben permanecer para el uso exclusivo de la recreación, el deporte y disfrute de la comunidad. Por más de 20 años, estos terrenos se encontraron en estado de completo abandono por el Departamento de Recreación y Deportes (DRD), agencia encargada de su protección y mantenimiento.
El área fue punto de tráfico de drogas, tráfico humano, y alta incidencia de criminalidad hasta que en 2012 Rescate Playas Borinquen llegó a rescatarla.
La organización ha contribuido con más de 175,000 dólares en el mantenimiento y la restauración de las áreas recreativas de Punta Borinquen con una inversión de sobre 13,074 horas de trabajo y 3,059 voluntarios.
A su vez, la entidad lleva cerca de siente años gestionando un acuerdo de comanejo del área con el DRD.
En la pasada sesión legislativa se presentó la medida 709 “para ordenar al Departamento de Recreación y Deportes a establecer un acuerdo de coadministración con la organización sin fines de lucro Rescate Playas Borinquen, con el propósito de administrar, custodiar y desarrollar las parcelas de terreno pertenecientes al DRD en Barrio Borinquen del Municipio Autónomo de Aguadilla”.
La medida fue aprobada en unanimidad por la Cámara de Representantes y el Senado, y está pendiente a la firma de la gobernadora Wanda Vázquez Garced.
El 9 de agosto vence el término de 30 días según la Constitución de Puerto Rico para que no se convierta en un veto de bolsillo.
“Es de conocimiento público que debido a los recortes presupuestarios se ha afectado la capacidad del Gobierno para brindar el mantenimiento adecuado a esta y otras propiedades públicas. La aprobación de la gobernadora de la resolución 709 es fundamental para asegurar que RPB pueda continuar realizando su loable labor y necesaria para que la organización, que cuenta con la exención contributiva federal 501(c) 3 y 1101.1, pueda recibir y participar de asignaciones federales”, señaló
Mario Felipe Torres, fundador de la entidad.
Agregó que “en enero 12 de 2019, la secretaria del DRD anunció públicamente que firmaría el acuerdo de comanejo antes del verano 2019 ya que contamos con todos los requisitos solicitados y, a su vez, los esfuerzos de RPB benefician el turismo y la economía local. Sin embargo esta firma no se ha materializado, lo que pone a riesgo los esfuerzos de RPB para mantener y continuar sus labores en el área. Cabe destacar que según establecen los estatutos federales, al tratarse de un acuerdo de comanejo y de no un traspaso o arrendamiento, no se requiere que el gobierno de Puerto Rico realice una consulta federal”.INS
lp