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San Juan, 5 ago (INS).- La Contraloría reveló hoy deudas millonarias del municipio de Loíza a siete entidades públicas, tras una auditoría a las operaciones fiscales del ayuntamiento costero.
El informe revela que, al 31 de diciembre de 2018, el municipio adeudaba 2,890,986 a siete entidades, entre las que se contaban la Administración de Sistemas de Retiro, al Departamento de Hacienda, a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y el Servicio de Rentas Internas Federal.
La cifra incluye 260,189 dólares por concepto de intereses, penalidades y recargos.
Además, el IRS impuso en 2016 tres embargos al municipio por 260,441 a 16 cuentas bancarias por no remesar las retenciones de los empleados al Seguro Social federal.
En 2019, el municipio acordó pagar 7,100 mensuales al IRS hasta el saldo de la deuda de 840,180.
“Esta situación se atribuye a que los alcaldes y directores de Finanzas en funciones no administraron adecuadamente las finanzas de Loíza”, indica la auditoría.
El documento señala que el municipio pagó 19,803 por servicios de auditoría a una corporación impedida legalmente de dar ese servicio.
El municipio había formalizado un contrato el 9 de marzo de 2017 con dicha corporación de responsabilidad limitada.
Sin embargo, al cambiar su estatus legal a una corporación regular el 1 de marzo de 2018, no podía prestar los servicios de auditoría.
“Esta situación se refirió a la secretaria de Justicia para que determine las acciones administrativas o judiciales a seguir. Además, se le recomienda al presidente de la Junta de Contabilidad de Puerto Rico y al presidente del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico, a que consideren esta situación para que tomen las medidas pertinentes”, señala la Contraloría.
Igualmente, contrario a la Ley 81 de 1991 de Municipios Autónomos, el municipio cargó una deuda de 4,970 al presupuesto de 2017, por servicios de transportación prestados entre el 2010 al 2013.
Además, contrario al Reglamento 33 sobre el Registro de Contratos en la Oficina del Contralor, registró 121 contratos y enmiendas por 3,868,335 hasta 22 meses posteriores a su otorgación.
Asimismo, el examen del Informe del Flujo de Efectivo evidenció que 15 fondos especiales con recursos económicos por 194,841 habían permanecido inactivos entre 30 a 36 meses.
A su vez, contrario a la reglamentación vigente, el municipio de Loíza tenía 111 empleados clasificados como transitorios por periodos de hasta 25 años.
Además, al 31 de diciembre de 2018, tenía cuatro demandas civiles por 1,260,000 pendientes de resolución por los tribunales.
El informe cubre el periodo del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2018.INS
lp