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Por Rafael Santiago Medina
San Juan, 28 jul (INS).- Argentina vuelve a estar en la vorágine de una deuda externa que amenaza sumir al país en la penuria y enzarza el debate político argentino en los diferentes enfoques de su espectro ideológico. No es la primera vez en las últimas décadas que el pueblo argentino se ha visto atrapado en medio de esta vorágine y el tema del pago de la deuda externa ocupa la atención en Latinoamérica.
Los principales acreedores de Argentina han manifestado su rechazo a la reestructuración de la deuda diseñada por el gobierno argentino y le enviaron una carta al ministro de Economía, Martín Guzmán, para informarle que se unieron con el fin de negociar una contrapropuesta, a pesar de que tanto él como el presidente Alberto Fernández ya advirtieron que no habrá cambios en su última oferta.
Los firmantes de la misiva aseguran sumar, en conjunto, más de la mitad de los bonistas. Esto podría significar que tienen la mayoría suficiente para bloquear cualquier tipo de acuerdo al que quisiera llegar un sector minoritario de acreedores. El siguiente paso serían los juicios en tribunales internacionales contra Argentina por cesación de pago.
Subrayan que los acreedores firmantes poseen el 51% de los bonos emitidos durante la presidencia de Mauricio Macri, y el 60% de los papeles correspondientes a los canjes de 2005 y 2010, en los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.
Aseguran representar algunos de los principales inversores de Argentina que han estado comprometidos de manera significativa con la inversión extranjera directa en el país.
Dicen en su comunicación emitida al gobierno argentino estar confiados en que se encuentre una solución que provea un camino incluso “más grande y sustentable de inversiones en sectores en crecimiento, incluyendo agronegocios, energía, infraestructura e información tecnológica- y un brillante y sostenible futuro económico para la gente”, señalan.
La carta se dio a conocer justo una semana antes de que venza el último plazo establecido por el gobierno para que los bonistas decidan adherirse o no al canje de la deuda. La fecha establecida es el 4 de agosto próximo, aunque la semana pasada arreciaron los rumores de que se ofrecería una nueva prórroga debido a la tensión que hay entre las autoridades y los acreedores, que se resisten a todas las propuestas oficiales que se han presentado.
El presidente Alberto Fernández dio a conocer el pasado 16 de abril, en plena crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus, su oferta de reestructuración de bonos de la deuda, emitidos bajo legislación extranjera por un monto de 66.2 millones de dólares.
La propuesta, que fue respaldada por la oposición, era comenzar a pagar la deuda en 2023 con una quita del 62% de intereses, lo que representaría un alivio de 37,900 millones de dólares para el país sudamericano. La quita de capital, en tanto, sería del 5.4%.
El acuerdo era urgente, ya que Argentina tenía que cubrir el 21 de abril vencimientos por 503 millones de dólares, aunque todavía existía un periodo de gracia, ya que el pago se podía posponer para el 22 de mayo. Así ocurrió, pero como los bonistas no aceptaron la oferta, el país entró en “default” (moratoria).
Ha habido diversas extensiones al “periodo de invitación” del gobierno para que los acreedores aceptaran canjear los bonos de la deuda en condiciones diferentes a las que habían sido emitidos.
A principios de julio, el gobierno hizo una nueva oferta que dista de la primera propuesta de abril, y en la que plantea pagarles a los tenedores 53.3 dólares por cada 100 prestados. Hace tres meses, sólo les ofrecía 40 dólares.
Otra diferencia es que hace tres meses el gobierno establecía un periodo de gracia de tres años para comenzar a pagar intereses en 2023, pero ahora propone hacerlo a partir de septiembre del próximo año. Además, la quita de intereses que ofrecía se redujo del 62% al 59%, y la de capital, del 5.1% al 1.9 %.
En el primer plan, el alivio de la deuda argentina alcanzaba los 41,500 millones de dólares, mientras que en el segundo bajó a 32,000 millones de dólares. Con el cambio de diseño, los bonistas cobrarían 13,000 millones de dólares más de lo que se les ofrecía en abril.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha reconocido que, en las condiciones en las que se encuentra, la deuda argentina es insostenible.
La semana pasada, el presidente argentino reiteró durante el Consejo de las Américas que ya no habrá una nueva mejora en la oferta de canje de la deuda. “Créanme que esto es lo que podemos pagar. No es un capricho. Es sensatez”, advirtió.
En los últimos meses Fernández ha insistido en reiteradas ocasiones en que Argentina se encuentra en una moratoria virtual desde el año pasado, ya que el nivel de endeudamiento de Macri fue tan alto, que terminó haciendo impagables sus compromisos. INS
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