P. Rico-La privatización de servicios esenciales de agua y energía eléctrica: dos negocios redondos (análisis)

Por Rafael Santiago Medina

San Juan, 27 jul (INS).- La privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), dos servicios esenciales al pueblo, apuntan a ser negocios sumamente rentables en manos privadas por sus condiciones de monopolios en la prestación de servicios esenciales al pueblo e imprescindibles para los ciudadanos.

Puesta la energización eléctrica por 15 años en manos del consorcio LUMA y a 20 años el suplido de agua potable y servicio de disposición de aguas usadas a través del sistema de alcantarillados en el poder de los consorcios transnacionales IBT y MIYA, que manejarán y operarán todo el proceso comercial de tal servicio vital, diseñando, construyendo, financiando, operando y manteniendo sus operaciones capitales.

Como parte de las mejoras capitales para hacer la operación del servicio del suplico del hídrico más redituable, reemplazarán todos los contadores convencionales para medir el consumo de agua por metros cúbicos ‘inteligentes”. Para ello, se instalarán alrededor de 1,300 medidores de consumo de agua por día, hasta completar unos 1.3 millones de metros inteligentes en todo el país.

La inversión de capital de unos 380 millones de dólares, los consorcios IBT y MIYA podrá ser recuperada en poco tiempo, puesto que los 1.3 millones de abonados al suministro de agua potable generan cerca de 170 millones de dólares anuales en pagos de facturas bajo el coste de la tarifa actual del hídrico.

Ambas privatizaciones, la de la energía eléctrica y la del agua y alcantarillados, se espera pudieran estar completadas para este mismo año o a principios del próximo, que es lo más probable, con una nueva administración de gobierno elegida en noviembre.

Estas privatizaciones se entienden son un mandato de la Junta de Control Fiscal, por ser un diseño ideológico estructural y sistémico neoliberal del modelo capitalismo de hoy para el aparato gubernamental de los países.

Aunque se dice que el contrato de 336 páginas de privatización a LUMA es para el manejo de la transmisión y distribución de la energía eléctrica en Puerto Rico, se otorga poder absoluto sobre casi la totalidad de las operaciones de la AEE, con mínimas garantías para el interés público, según alegan los opositores a la determinación privatizadora.

Se alega que LUMA no únicamente operará el sistema de transmisión y distribución, así como el servicio al cliente, sino también todo el sistema administrativo, incluyendo los Recursos Humanos, Finanzas, tarifas, planificación, reconstrucción, fondos federales, política energética y el Plan Integrado de Recursos, entre otros aspectos.

Según destacó el asesor legal de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Rolando Emmanuelli Jiménez, el contrato con vigencia de 15 años no requiere que LUMA aporte a la condición financiera de la AEE, ni a sus costos operacionales. Asimismo, la AEE no recibirá compensación alguna o adelanto de dinero, ni obtendrá capital para saldar las deudas relacionadas a la red eléctrica.

Sin embargo, el acuerdo contempla una compensación anual de hasta $125 millones para LUMA, pero el contrato establece una cláusula que permite a las empresas afiliadas a LUMA licitar para contratos que serán pagados con cerca de $18 mil millones en fondos federales de recuperación, designados para la reconstrucción de la AEE.

La contratación de LUMA Energy contempla, además, un ajuste en la tarifa que elevará aún más el costo por kilovatio-hora para cubrir el déficit operacional de la AEE, que se estima será de 132 millones de dólares para el 2021. INS

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