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La gobernadora Wanda Vázquez Garced./ Inter News Service
Por Rafael Santiago Medina
San Juan, 23 jul (INS).- Se está convirtiendo en opinión consensuada en el país el enfoque de no quedarse impávido ante la destrucción de la institucionalidad del sistema de gobierno a consecuencia de una politización corrupta en sus estructuras. Pareciera que la corruptela politiquera se quiere imponer como norma de gobernanza.
Esto es ciertamente inaceptable en condiciones normales, pero se convierte en una más perversa aberración en situaciones de crisis y emergencia nacional debido a eventos imprevistos de huracanes, terremotos y pandemia. El efecto de esa corruptela politiquera es el desgobierno, cuando más se necesita de un buen y efectivo gobierno.
El buen gobierno y la meritocracia en el servicio público de Puerto Rico han sido tomados por asalto desde la partidocracia, que ha extendido sus tentáculos de padrinazgos y corrupción a la institucionalidad gubernativa para proteger los intereses del clientelismo político y el enriquecimiento ilícito de correligionarios del partido en el poder.
Se hacen cada vez más difusos los lindes entre el partido y el gobierno. Lo mismo que se criticaba al sistema de los países soviéticos. La idea de que el partido en el poder es el gobierno y viceversa, comienza a convertirse en la norma. Es cuando se institucionaliza con todo rigor lo que se denomina -y no parece entenderse muy bien- como partidocracia: el establecimiento del sistema del partido político en el poder como gobierno en el bipartidismo imperante en la sociedad puertorriqueña.
Por eso, cuando se intenta poner en funciones los organismos reguladores y judiciales para poner orden y garantizar el apego al rigor de la ley surgen manos siniestras que intentan impedirlo o ponerle cortapisas a su misión ministerial. Está sucediendo en estos momento con el Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI).
Cuando el PFEI se dispone a destapar la olla de grillos de comisiones de delitos y violaciones éticas en relación a la distribución de suministros a los damnificados por los terremotos del suroeste del País, la mano siniestra de la corruptela partidocrática de un sector del Partido Nuevo Progresista (PNP), dominado por la gobernadora Wanda Vázquez Garced, pretende impedirlo.
Se descarrila la investigación para saber el papel que jugaron en el encubrimiento del lío de los suministros para los damnificados por el terremoto de enero, la gobernadora Vázquez Garced, el secretario de la Gobernación, Antonio Pabón Batlle; la senadora Evelyn Vázquez; Surima Quiñones Suárez, exjefa de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef), así como María Teresa Zayas y José Galarza Vargas, exadministradora de Operaciones y quien fuera administrador, respectivamente, de esta entidad pública.
Los referidos al PFEI a comienzos de este mes por el Departamento de Justicia contra la gobernadora y estos funcionarios públicos quedan atrapados en una intriga de encubrimientos a comisiones de delitos de aprovechamiento ilícito de haberes públicos. Se intenta encubrir, igualmente, violaciones al Código Anticorrupción, por supuestamente tomar represalias contra un servidor o servidora pública que opte por denunciar un acto de corrupción.
Lo más grave es que se pretenda solapar la existencia de evidencia que pudiera confirmar violaciones a leyes y reglamentos, tanto estatales como federales. Es eso lo que la ciudadanía no debe permitir para que la corruptela partidocrática no termine siendo la norma en nuestro sistema de gobierno.
No hay razón, entienden muchos ya. para tener que tolerar que la entonces secretaria del Departamento de la Familia, Glorimar Andújar, haya suspendido sumariamente a Surima Quiñones por la supuesta práctica de retrasar la entrega de suministros para que fueran entregados a los damnificados por figuras políticas, entre ellas la senadora Evelyn Vázquez, y que por impedir ese acto de corruptela partidista haya sido Andújar destituida de su cargo.
Hay una exigencia pública para que la gobernadora Vázquez Garced explique clara y detalladamente por qué la respuesta de La Fortaleza a un acto de rectitud de Andújar fue ordenarle revertir la suspensión de Quiñones. Al ella no acatar ese pedido ilegal y antiético desde la Mansión Ejecutiva, se procedió con su despido.
Descarrilar esa investigación del PFEI con lo que se comienza a percibir como el contubernio de La Fortaleza y del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, constituye un acto de prevaricato, de insensatez y corruptela gubernamental que la ciudadanía no parece estar dispuesta a tolerar. INS
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