P. Rico-Frente por Auditoría de la Deuda presenta reparos sobre propuestas de enmienda a la Constitución y legislación sobre emisiones de deuda

San Juan, 22 jul (INS).- El Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda expresó reparos con dos medidas incluidas en la sesión extraordinaria convocada por la gobernadora Wanda Vázquez Garced con impacto en el tema de la deuda.

La primera, la resolución Concurrente del Senado 101, y su equivalente en la Cámara, la la 127, propone la celebración de un referendo para, entre otras cosas, modificar la cláusula sobre prioridad en el pago de la Constitución de Puerto Rico para aumentar la prioridad en el pago a las pensiones.

El segundo es el proyecto del Senado 1447, que propone crear la Ley de Responsabilidad en la Emisión de Deuda.

Las resoluciones concurrentes proponen una enmienda a la Constitución que enmendaría la cláusula sobre prioridad en el pago incluida en la Sección 8 del Artículo VI de la Constitución.

“La cláusula sobre prioridad en los pagos incluida en el Artículo VI, Sección 8 de nuestra Constitución establece el orden de pago a personas, entidades y servicios en caso que los ingresos del Gobierno sean menores a sus gastos. Al redactar la Constitución, los constituyentes optaron por hacer algo insólito: priorizar el pago de intereses y la amortización de la deuda sobre garantizar los servicios esenciales para el pueblo, así como las pensiones y la operación del Gobierno. Contrario a lo señalado por los proponentes de la medida, alterar ese orden en este momento no va a tener impacto sobre los procesos de restructuración de la deuda que actualmente se llevan a cabo en la Corte de Quiebras”, expresó Luis José Torres Asencio, profesor de Derecho Constitucional y portavoz del Frente Ciudadano, compuesto por organizaciones comunitarias, profesionales y sindicales a favor de una auditoría de la deuda pública.

Por su parte, Justo Méndez Aramburu, portavoz de Vamos y el Frente Ciudadano, añadió que “si de verdad queremos mirar al futuro y atender a largo plazo, no sólo las pensiones, sino la crisis fiscal y humanitaria que vivimos reclamamos que la enmienda a esa sección debe revisar el artículo completo y eliminar el pago de la deuda como primera prioridad. Los pasados años nos han demostrado que fue un error incluir una cláusula para dar la mayor prioridad al pago a los bonistas por encima del pueblo. Si queremos promover una enmienda que proteja no sólo a las pensiones sino al pueblo, se debe eliminar la prioridad en el pago de la deuda por encima de los demás gastos del gobierno”.

El Frente también expresó reparos con la manera en la que se ha aprobado el 1447, para crear la Ley de Responsabilidad en la Emisión de Deuda, en ambos cuerpos legislativos. El proyecto persigue adoptar varias políticas imponiendo controles a futuras emisiones de deuda.

“La mayoría de las medidas incluidas en el proyecto responden a asuntos ya requeridos por la Constitución y su violación la hemos venido denunciando desde el Frente y la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público, entre creado en el 2015 y eliminado por la presente administración en abril de 2017. La inmensa mayoría de las políticas, como la inclusión de la deuda de Cofina bajo el límite constitucional a la deuda y la prohibición al uso de emisiones de bono para balancear presupuestos, no son medidas nuevas sino ya requeridas por nuestra Constitución, por lo que era innecesario legislar para ello. Sólo hacía falta algo que nuestros gobiernos no han tenido: voluntad política para hacer cumplir su propia constitución a través de una auditoría integral de la deuda y la cancelación de toda emisión inconstitucional”, expresó Torres Asencio.

El Frente denunció la urgencia con la que se está promoviendo la aprobación de estas medidas, así como la necesidad de incluir a amplios sectores de la sociedad civil en su discusión.

“Decisiones como las de promover enmiendas a la Constitución y adoptar medidas que controlarán la participación futura de Puerto Rico en los sistemas de emisión de deuda no deben tomarse liviana y atropelladamente, y mucho menos sin contar con amplia participación de diversos sectores de la sociedad civil. Algunas de estas medidas pueden tener aspectos positivos, pero no existe urgencia para aprobarlas en esta sesión extraordinaria, y menos contando sólo con el insumo de representantes de agencias de gobierno. Aprobar estas medidas en medio de una pandemia que ha mantenido al país en vilo por más de cuatro meses, a semanas de un proceso primarista, y a meses de las elecciones generales, no solo es poco participativo; es antidemocrático,” puntualizó Marinilda Rivera, portavoz del Colegio de Profesionales de Trabajo Social y del Frente Ciudadano.INS

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