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Por Rafael Santiago Medina
San Juan, 20 jul (INS).- El neoliberalismo sistémico del desempeño capitalista en la sociedad pretende apropiarse del agua como mercancía y Brasil es puntal de ese proyecto global.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha aprobado un nuevo esquema legal para la apropiación capitalista del agua y su suministro.
Hasta el momento por ser considerado un recurso esencial del pueblo, eran las empresas estatales las que se encargaban de gestionar el manejo y suministro del agua, salvo raras excepciones, pero con la nueva ley se abren nuevas licitaciones para privatizar el recurso hídrico de Brasil.
Como consecuencia de advenimientos de gobiernos que no priorizan las necesidades básicas del pueblo, unos 100 millones de brasileños, casi la mitad de la población brasileña, no tiene acceso al agua potable, en el país con el mayor recurso hídrico natural del mundo.
La excusa y justificación a la privatización del recurso hídrico nacional es cumplir supuestamente con la meta para 2033 de garantizar el servicio de alcantarillado a un 90% de la población y agua potable a un 99%.
El proyecto de privatización del agua pretende ser atractivo ante la realidad de que únicamente el 50% de la población de Brasil vive en lugares donde existe tratamiento de las aguas residuales y tan sólo el 80% tiene acceso al agua potable y para consumo humano.
“En Brasil, donde hay la mayor concentración de agua dulce superficial del mundo, más de 40 millones de personas no tienen acceso a estos suministros públicos”, informó el año pasado la Agencia Nacional de las Aguas (ANA), con motivo de la celebración del día mundial del agua, lo que ha sido caracterizado como un “trágico escenario” para el país.
La ANA alertó de que las principales cuencas hidrográficas brasileñas presentan problemas de contaminación y subrayó que la ausencia de suministros de agua potable se cobra la vida diariamente de 100 personas en América Latina.
“La falta de agua de calidad y de alcantarillado provoca enfermedades, entre las cuales están la hepatitis A, diarreas, dengue, cólera y esquistosomiasis. En diez años, Brasil registró más de 700,000 pacientes ingresados por enfermedades relacionadas a la falta o a la insuficiencia de saneamiento. Para mudar este panorama el país tendría que invertir 260,000 millones de reales (50,000 millones de dólares), pero como el gobierno solo invierte en media 4,000 millones de reales (740 millones de dólares) por año, serían necesarias más de seis décadas para resolver el problema”, explicó la Agencia.
Las empresas públicas que hasta el momento garantizan el suministro en cada uno de los 26 estados del país, más el Distrito Federal, únicamente podrán participar de las futuras licitaciones de renovación de los contratos de saneamiento si demuestran poseer solvencia para garantizar el servicio por un periodo de 30 años.
Además de la recién aprobada ley de agua y saneamiento, se tramita actualmente en el Senado brasileño un proyecto de ley (PL 495/17) que privatizaría la gestión de algunas cuencas hidrográficas del país, así como el ansiado proyecto de traslado de aguas del Río San Francisco. Con 2.830 km de longitud, este es uno de los cursos de agua más importantes de Brasil y recorre desde el estado de Minas Gerais hasta el de Pernambuco y Alagoas.
El 26 de junio, Bolsonaro inauguró una parte de las obras que permiten que el servicio ya llegue al estado de Ceará gracias a los canales del Eje Norte.
Si bien el gobierno alega que la creación de mercados de agua en las cuencas hidrográficas más importantes del país permitiría gestionar de forma eficiente la repartición de los recursos hídricos, pero también se teme que pueda significar que grandes grupos económicos, que actúan tanto en el agronegocio, sector eléctrico, minería y saneamiento como Ambev, Vale, Suez, Coca-Cola, BTG Pactual, Itaú, AEGEA o BRK Ambiental, controlen y se apropien de forma privada de los ríos y aguas subterráneas de Brasil por medio de lo que ellos llaman ‘negociación sobre el derecho de usos de las reservas disponibles de agua'”.
Este marco legal haría posible la fijación de un precio del agua de todos los embalses, que estaría vinculado con el valor de la energía eléctrica, ya que una parte considerable de estas reservas se destina a centrales hidroeléctricas, y el excedente podrá ser comercializado para consumo. “En la práctica esto significaría tratar el agua como propiedad privada (…) generando un mercado de compra y venta de agua en periodos de escasez y sequía”, es lo que grupos ciudadanos y comunitarios indican.
De acuerdo con la nueva ley, todos los contratos de suministro de saneamiento básico, incluyendo agua potable y tratamiento de residuos sólidos y cloacales, podrán ser renovados con la participación del sector privado a partir de 2022. INS
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