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Por Rafael Santiago Medina
San Juan, 16 jul (INS).- Las suspicacias que ha levantado la pesquisa del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) que involucra a la representante cameral por el Partido Nuevo Progresista (PNP), María Milagros Charbonier, y el hermetismo habido en torno al caso, plantea dos posibilidades, como las más creíbles.
La primera posibilidad es que la pesquisa federal que involucra a Charbonier esté relacionada con el alcalde de Cataño, Félix «El Cano» Delgado Maldonado, y su esposa Roxana Sifre, quien es empleada de Charbonier, en un trabajo por destaque temporero desde la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, donde tiene un puesto de carrera.
Contra Delgado Maldonado el Departamento de Justicia recomendó la designación de un fiscal especial independiente por supuestamente sobornar y extorsionar contratistas del municipio a cambio de tramitar sus pagos de forma rápida.
Según la investigación de la División de Integridad Pública de Justicia, a cambio de los sobornos —en los que habrían participado otros empleados municipales— el alcalde recibió 128 mil dólares para su campaña política y dos gallos de pelea valorados en no menos de mil dólares.
Empero, la especulación que más arraigo tiene para muchos es que la intervención del FBI con la representante Charbonier está relacionada con una presunta intervención indebida del precandidato primarista a la gobernación Pedro Pierluisi, a quien ella respalda y con quien guarda un estrecho vínculo político, para intentar detener una investigación legislativa en torno al escándalo acerca del desarrollo del condominio Viewpoint at Roosevelt en Hato Rey, y de ahí la confiscación de los teléfonos móviles o celulares para indagar si hay evidencia vinculante.
Han surgido desde hace un par de años cuestionamientos acerca de si el excomisionado residente Pierluisi intervino en la toma de decisiones de la Junta Federal de Control Fiscal relacionadas al único proyecto crítico de desarrollo económico y vivienda a bajo costo que avaló la junta fiscal.
Pierluisi fue abogado de un bufete asesor de la Junta de Control Fiscal. Una llamada de Pierluisi el presidente cameral, Carlos «Johnny» Méndez, se interpretó como que el excomisionado residente intentó intervenir con una investigación cameral relacionada con este proyecto de vivienda.
La controversia con el desarrollador del proyecto, que dio paso a la pesquisa cameral, se inicia con los reclamos que una iglesia aledaña al terreno de Viewpoint, en el que se atribuyen supuestas irregularidades en el proceso de contratación y permisos por parte del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y el municipio de San Juan.
Las presuntas irregularidades, según la pastora de la Iglesia Cristiana El Sendero de la Cruz, Elizabeth Rosado de Guidini, vienen ocurriendo hace años y fueron esbozadas en una carta enviada al organismo federal.INS
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