P. Rico-MVC denuncia que secretario de la CEE cometió delitos electorales y advierte que acudirá a los tribunales para que se procese criminalmente al funcionario

San Juan, 10 jul (INS).- El Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) denunció la comisión de varios delitos electorales por parte de Angel Rosa Barrios, secretario de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

Además, el MVC alegó que existe una “confabulación” entre el Partido Popular Democrático (PPD) y el secretario, excandidato y activista del Partido Nuevo Progresista (PNP), para anular las certificaciones de un grupo de 29 candidaturas de la agrupación política.

El pasado 26 de mayo, el presidente de la CEE, Juan Dávila Vélez, emitió 92 resoluciones mediante las cuales certificó 133 candidaturas del MVC, luego de confirmar el cumplimiento de los requisitos legales y constitucionales tras la evaluación de todos los expedientes.

“Cada una de esas resoluciones, emitidas el 26 de mayo de 2020, tienen tanto la firma del juez Dávila como la de Rosa Barrios, secretario de la Comisión”, señaló Olvin Valentín, comisionado electoral del Movimiento, quien añadió que “todas las resoluciones que certifican a nuestros candidatos y candidatas indican que Rosa Barrios ha examinado la certificación del MVC y ha verificado con la unidad de radicaciones de candidaturas de la CEE que las candidatas y candidatos han satisfecho los requisitos legales y constitucionales, que son candidatos únicos para sus respectivos puestos electivos por el MVC y que él recomienda su certificación. Estas resoluciones no fueron revisadas judicialmente, por lo cual son finales y firmes y no pueden ser revocadas”.

Sin embargo, el 6 de julio de 2020, Rosa Barrios emitió una certificación mediante la cual declara nulas 29 candidaturas incluidas en una lista anejada a una certificación con fecha del 1 de julio.

La certificación revocaría las resoluciones emitidas por el juez Dávila, presidente de la CEE.

Alexandra Lúgaro, candidata a la gobernación por el MVC, sostuvo que “Rosa Barrios pretende anular 29 candidaturas del Movimiento y pretende también revocar al Presidente de la Comisión mediante una Certificación emitida evidentemente por encargo del PPD. Esa certificación no ha sido notificada a nuestras candidatas y candidatos y tampoco al Movimiento. De hecho, nosotros nos enteramos de esa certificación porque el comisionado electoral del PPD, Lind Orlando Merle Feliciano, la presentó como un anejo a una moción en un pleito judicial en la que indica que la recibió el mismo día 6 de julio. Nadie más recibió esa certificación. Pero lo más grave es que esa certificación fue enmendada en el día de ayer para incorporar los argumentos que el Comisionado del Partido Popular esbozó en ese pleito. El Secretario de la CEE no puede revocar una certificación emitida por el Presidente de la CEE”.

Lúgaro señaló que “las acciones de Rosa constituyen delitos electorales graves y violan el artículo 12.3 del Código Electoral.

Además, el secretario “se está aprovechando de su puesto para obstruir, interrumpir e intervenir ilegalmente con las actividades electorales del Movimiento y de nuestras candidatas y candidatos. Sus acciones constituyen un delito grave. Además, el Secretario violó también el Artículo 12.9 al usar de manera ilegal información del Registro Electoral para violar la ley. Nosotras vamos a seguir evaluando todos los remedios civiles y criminales, locales y federales y no vamos a dar ni un paso atrás, el bipartidismo está muerto y nosotras lo vamos a enterrar”, indicó la aspirante a La Fortaleza.

En el día de hoy, el comisionado electoral del Movimiento solicitará al secretario, al presidente y al comisionado del Partido Popular la preservación de toda información almacenada electrónicamente en anticipación a un litigio.

La candidata advirtió que del presidente no revocar en el día de hoy la certificación emitida por Rosa Barrios, “el lunes se presentarán las querellas criminales correspondientes contra éste y Merle Feliciano, y una vez se determine causa probable por el tribunal, se solicitará a la secretaria de Justicia la designación de un abogado para que actúe como fiscal especial para que procese criminalmente al secretario y a todas las personas responsables de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.24 del Código Electoral”.INS

lp