P. Rico-La cada vez más sonada propuesta aquí y en Washington de que el Tesoro federal finiquite la deuda pública extraconstitucional de la isla (análisis)

Cada vez se hace más común el reclamo de que el Tesoro federal pague la deuda pública de Puerto Rico, con la implicación concomitante de derogar la Ley PROMESA y la Junta de Control Fiscal./Inter News Service

Por Rafael Santiago Medina

San Juan, 1 jul (INS).- Una propuesta razonable de Washington que se baraja insistentemente es que, a cambio de continuar indefinidamente con una parte de las ayudas especiales no asistenciales para servicios esenciales ordinarios, el gobierno federal estadounidense finiquite la llamada deuda pública extraconstitucional de Puerto Rico con sus acreedores, mediante acuerdos que permitan el funcionamiento desembarazado de su administración pública con un fisco holgado y el financiamiento para su desarrollo económico futuro.

Se reclama que se acoja considerar toda la nebulosa deuda extraconstitucional que se adoptó a partir de la administración del exgobernador Pedro Rosselló como “deuda engañosa” mediante empréstitos financiados a través del recurso de emisión de bonos para capitalizar ingresos al fisco que los mercados financieros sabían que excedía la capacidad de pago en proporción al Producto Interno Bruto (PIB) de Puerto Rico.

Algunos economistas consideran que debe sustituirse el término de “deuda odiosa” que es un término adoptado de países latinoamericanos que se refiere al endeudamiento externo contraído para armamentismo durante las dictaduras, por el término más ajustado a la situación de Puerto Rico de “deuda engañosa”, ya sea por engaños demagógicos de pasados gobernantes, como por estafa a sabienda por los mercados crediticios de Wall Street que se trataba de transacciones con poco capacidad de repago a mediano y largo plazo.

Cada vez se hace más común el reclamo de que el Tesoro federal pague la deuda pública de Puerto Rico, con la implicación concomitante de derogar la Ley PROMESA y la Junta de Control Fiscal.

Tal determinación significa que el poder ejecutivo de Estados Unidos y su poder legislativo congresal reconocen sus responsabilidades fiduciarias como detentores de la soberanía no reconocida de un territorio no incorporado a la nación estadounidense como lo es Puerto Rico.

Al no permitirle ejercer la soberanía al pueblo de Puerto Rico, ni como estado de la Unión nacional estadounidense, ni como país en asociado libre y autonómica con Estados Unidos o como república independiente, Washington asume responsabilidad fiduciaria sobre el territorio puertorriqueño como su posesión colonial, según lo que tratadistas aducen establece lo dispuesto en el derecho internacional.

Asumir el Tesoro federal el pago de la deuda pública engañosa permitiría que Puerto Rico se haga responsablemente cargo de la deuda que se reconoce fue contraída constitucionalmente y libraría al fisco de las ataduras del pago de acreencias indebidas que limitan su desarrollo económico.

Libera, a su vez, a Estados Unidos de una cada vez más dependiente auxilio de ayudas federales al territorio puertorriqueño, cuyo efecto es prolongar su agonía fiscal y económica, sin una resolución definitiva a su problema. INS

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