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Por Rafael Santiago Medina
San Juan, 26 jun (INS).- El concepto actual de Alianzas Público-Privadas (APP) en Puerto Rico es visto como un saqueo descarado al fisco, en el que la empresa privada participante no pone un solo centavo de su capital de inversión en el proyecto conjunto con el gobierno, excepto supuestamente su denominado “expertice”, y todo la aventura empresarial emprendida se dispone con dinero de las arcas públicas.
Es lo que sus críticos indican ha sucedido con LUMA Energy en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y lo que se pretende hacer con WIPR-Radio y Televisión en la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública con la propuesta de una APP por el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos (Johnny) Méndez.
Todo en el concepto boricua de las APP está servido a la empresa privada participante en “bandeja de plata”, sin riesgo de inversión de capital alguno. Lo único que se pone en riesgo es el dinero del fisco, arguyen sus críticos que son cada vez más. Lo único que la empresa privada pone a disposición del proyecto de APP es el mito de la leyenda capitalista de la omnisapiente infalibilidad de “su conocimiento y experiencia empresarial”.
Las APP comienzan a ser vistas en Puerto Rico como un “asalto al fisco”, una exacción a los haberes públicos mediante el mito de que lo privado es siempre más eficiente que el emprendimiento estatal, que se ha visto ensombrecido y maleado por el padrinazgo político y la corrupción para favorecer a los correligionarios del partido político en el poder.
El concepto público de emprendimiento empresarial de actividades económicas esenciales no es malo en sí mismo; la maldad está en el mal uso que se le ha dado por aquellos que quieren enriquecerse con el saqueo de los recursos fiscales. Es la injerencia en el sector público de lo que se denominado el “capitalismo gansteril” de nuestros tiempos.
Ese “capitalismo gansteril” , se ha dicho por académicos y por analistas, entre ellos el dominicano Narciso Isa Conde, uno de las mentes más brillantes actualmente en la República Dominicana, se ceba del fisco especialmente durante las crisis. Lo hemos visto recientemente en Puerto Rico con el asunto de la venta al gobierno de las pruebas rápidas o serológicas para el diagnóstico de contagios al Covid-19 mediante transacciones fraudulentas.
Los conceptos neocapitalistas que redefinen el papel del Estado y la función del capital privado en el ámbito público fortalecen el emprendimiento de ese “capitalismo gansteril” que busca asentarse en diferentes funciones gubernamentales para saquear la riqueza fiscal de los pueblos. INS
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