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En la reunión de hoy de la Junta Universitaria, miembros estudiantiles y docentes levantaron serios cuestionamientos sobre el proyecto de presupuesto presentado por el presidente./Inter News Service
San Juan, 24 jun (INS).- Los representantes del sector docente y estudiantil ante la Junta Universitaria, que componemos la mayoría de los miembros de ese cuerpo de gobernanza, acusaron que Jorge Haddock, presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), recesó súbitamente la reunión de hoy, evitando completar la discusión sobre el presupuesto y dejando inconclusa su consideración y aprobación.
Contrario a las expresiones previas del presidente, el presupuesto de la UPR no ha sido aprobado por la Junta Universitaria, aseguraron.
En declaraciones escritas, los representantes indicaron que la propuesta de presupuesto consolidado presentada por el presidente y aprobada en la reunión de la Junta Universitaria del 15 de junio de 2020, “no es el proyecto de presupuesto final integrado que debe considerar por ley la Junta Universitaria. El presidente admitió que era un borrador, puesto que el proyecto de presupuesto de la UPR a presentarse a la Junta de Gobierno para su aprobación final no había sido confeccionado, ya que todavía no se contaba con el plan fiscal certificado para la UPR de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF)”.
Consignaron que La Ley Universitaria indica en el artículo 6.D.(4) que corresponde a la Junta Universitaria “considerar el proyecto de presupuesto integrado para el Sistema universitario según haya sido formulado por el Presidente de la Universidad para ser sometido a la Junta de Gobierno y formular recomendaciones que juzgue pertinentes”.
En la reunión de hoy de la Junta Universitaria, miembros estudiantiles y docentes levantaron serios cuestionamientos sobre el proyecto de presupuesto presentado por el presidente.
Entre ellos conflictos en la aportación patronal al plan médico de empleados y aportaciones confusas al edificio de Ciencias Moleculares.
“Mientras se reduce el presupuesto a varios recintos, se aumenta el gasto de la administración central al crear varias instancias para ampliar los poderes de la oficina del presidente. Igual práctica ocurre a nivel de los recintos con la excusa de una supuesta eficiencia institucional. En la presentación del presupuesto no quedó evidenciada la distribución de fondos para fomentar proyectos académicos, de investigación, sabáticas, descargas para redacción de propuestas y servicios comunitarios, fondos para publicaciones, mentorías para estudiantes, entre otras, todos dirigidos para reforzar los servicios académicos a los estudiantes y a la comunidad”, afirmaron.
Además, sostuvieron que en el presupuesto se incluyen aportaciones del Fondo General para financiamiento de la Oficina de Transformación Institucional (OTI).
Esta oficina, impuesta por la JSF, “crea una estructura administrativa paralela sobre la ya establecida en los recintos. OTI ha contratado a compañías externas tales como Bluhaus Capital, para llevar a cabo una reestructuración académica-administrativa y presupuestaria, cuando ya hay oficinas en la administración central con esas mismas encomiendas. Mientras eso pasa, los recintos han tenido que recurrir a redistribuir el presupuesto menguado asignado y buscar ahorros. La administración central ha condicionado la aportación presupuestaria a los recintos a la búsqueda de nuevas fuentes de recursos externos sin invertir en recursos para lograr aumentar los fondos propios”.
Igualmente, destacaron que “los rectores habían presentado un presupuesto preliminar basado en una aportación presupuestaria asignada desde administración central sin conocer las premisas y la fórmula utilizada para calcularla. Hoy, por primera vez, se reveló cuáles eran las premisas mediante las cuales se distribuye el presupuesto entre los recintos, que estos desconocían”.INS
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