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Cabo Rojo, 8 jun (INS).- El municipio de Cabo Rojo sometió una petición de mandamus para recuperar unos 400,000 dólares que el gobierno central le adeuda de los fondos asignados para el manejo de la pandemia del Covid-19.
Según el ayuntamiento la deuda se debería al computar erróneamente la cantidad de dinero que le correspondía a la municipalidad.
El alcalde Roberto Ramírez Kurtz anunció la presentación del recurso legal para que se ordene al secretario de hacienda Francisco Parés Alicea y a Iris Santos Díaz, directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), el desembolso de los fondos
El primer ejecutivo caborroljeño explicó que la resolución conjunta 23-2020 del 28 de marzo paado, autorizó asignaciones de fondos para brindar asistencia de emergencia a los 78 municipios, a distribuirse utilizando proporciones de acuerdo a la población, por lo cual municipios como Cabo Rojo recibirían 1,750,000 cada uno por tener más de 50,001 habitantes, según el Censo Federal Decenal del 2010.
“Sin embargo, los demandados emitieron un desembolso de 1,350,000.00, o sea el pago correspondiente a municipios con entre 25,001 y 50,000 habitantes al aplicar erroneamente resultados del Censo Parcial del 2018, descartando la cifra oficial de 50,917 del Censo Federal Decenal de 2010. Esta fue la última vez que el Negociado del Censo del Departamento de Comercio de los Estados Unidos contabilizó la población de Cabo Rojo”, afirmó Ramírez Kurtz.
Mediante carta remitida vía correo electrónico el 29 de abril de 2020, Ramírez Kurtz requirió a los demandados el pago que la resolución conjunta exigía le fuese desembolsado al municipio de Cabo Rojo de conformidad con su población.
Sin embargo, los demandados no han contestado la comunicación antes descrita.
El primer ejecutivo enfatizó en que “Hacienda ni OGP tomaron en consideración que la asignación de recursos a los municipios que están ligadas a la cantidad de habitantes en ellos domiciliados, consistentemente se realizan de acuerdo con las cifras del más reciente censo decenal realizado por el gobierno federal, el cual solamente utiliza las cifras oficiales del censo decenal a la hora de asignar fondos a los distintos estados, condados y municipios”.
Indicó que su gobierno municipal recide fondos directamente del Departamento de Vivienda federal para el Community Development Block Grant, en virtud de tener una población que excede los 50,000 residentes.
Agregó que existen otras leyes y reglamentos que otras leyes que consideran la población de un municipio como criterio para la toma de decisiones y utilizan como base los datos del más reciente Censo Decenal.
“Consistente con el estado de derecho vigente y en ausencia de una directriz legislativa para que se utilizase algún mecanismo de medición de población, alterno al del número oficial contenido en el más reciente Censo Decenal que utilizan todas las demás leyes que atienden el asunto, nos parece que la cantidad asignada al municipio de Cabo Rojo debe ser aquella que dispone la Resolución Conjunta, o sea 1,750,000 dólares, unos 400,000.00 adicionales a los ya desembolsados”, establece la petición de mandamus radicada en el Tribunal Superior de San Juan.
Añade que “procede que se dicte sentencia declaratoria a favor de la parte demandante, decretando que Cabo Rojo tiene derecho al pago de 400,000 adicionales a los ya desembolsados por ser un municipio con más de 50,000 habitantes según el más reciente Censo Decenal”.INS
lp