P. Rico-Presidente del Senado anuncia legislación para veredictos por jurado unánime

San Juan, 18 may (INS).- A tono con las recientes decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos y el de Puerto Rico en torno a los juicios por jurado, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, anunció hoy que sometió el proyecto del Senado 1590 para que los jurados tengan que rendir veredictos unánimes para encontrar culpables a los acusados.

Asimismo, establece que, para un veredicto de no culpabilidad, serán necesarios, como mínimo, nueve votos.

De igual forma, la pieza legislativa que fue presentada permitirá que cualquier persona que está cumpliendo pena de reclusión a consecuencia de un veredicto que no fue unánime, pueda presentar moción para que se celebre un nuevo juicio conforme a las determinaciones del máximo foro judicial estadounidense en el caso Ramos contra Louisiana y la interpretación del Tribunal Supremo local de que dicho caso, a través del caso Pueblo contra Torres Rivera, es de aplicación a la Isla.

En el caso, el Tribunal Supremo de Estados Unidos determinó que conforme a la sexta enmienda de la Constitución federal, se requiere un veredicto unánime para encontrar culpable a un ciudadano de un delito grave, y que la unanimidad, es parte integral del derecho fundamental a un juicio por jurado.

También, decidió que el caso es de aplicación a todos aquellos que no sean finales y firmes.

Aunque aún no se ha resuelto la retroactividad de estas opiniones, y existe un caso ante la consideración del Tribunal Supremo de Estados Unidos, este proyecto hace retroactivo el cambio a casos finales y firmes.

“¿A cuanta gente queremos tener condenados con un juicio que no se llevó conforme a la ley y al derecho? Yo no quiero tener a ninguno. La pregunta en un País donde la democracia debe regir es ¿queremos tener a alguien condenado en un proceso que el Tribunal Supremo de Estados Unidos y el de Puerto Rico han dicho que no es conforme a la Constitución? Yo no quiero tener a nadie”, dijo Rivera Schatz, quien informó que las estadísticas que tiene del número de casos de juicio por jurado con una condena es de un estimado de entre un cuatro a un cinco porciento, aunque solicitó los números oficiales.

Al ser cuestionado sobre la reacción que pudiesen tener las allegadas víctimas en torno a esta propuesta legislativa, el presidente del Senado opinó que “no hay un abogado que esté en el ministerio público o en la práctica privada como abogado de defensa que no sea solidario con las víctimas. Aquí no se está exonerando a nadie. Aquí sencillamente se está diciendo que los procedimientos tienen que ser conforme a una regla correcta”.

“Alguna gente dirá que estamos sacando criminales a la calle. Nosotros no estamos sacando criminales a la calle, lo que estamos diciendo es que tiene que haber una sola regla para todos los ciudadanos irrespectivamente de si son carismáticos o no son carismáticos y de si nos parecen buenas personas o no nos parecen buenas personas. Después de todo nuestra aspiración debe ser que ninguna persona esté cumpliendo”, añadió el presidente senatorial cuya pieza legislativa fue elaborada con la recomendación directa de reconocidos abogados de defensa y constitucionalistas.

A raíz de la decisión del Tribunal Supremo federal, el presidente convocó a un grupo de abogados experto en derecho criminal.

En la reunión se llevó a cabo una discusión profunda sobre los efectos del caso y se recibieron recomendaciones para atender el tema.

El grupo de abogados estuvo compuesto por la secretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones, el procurador general Isaías Sánchez, la jefa de Fiscales Arlene Gardón. También participó un grupo de abogados del sector privado y de la academia tales como Félix Vélez Alejandro, director de la Sociedad para la Asistencia Legal; y Julio Fontanet Maldonado, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana.

La lista incluyó a los profesores Carlos Ramos y Andrés Córdova, así como los abogados criminalistas Harry Padilla, Roberto Alonso, José Andreu Fuentes, Leonardo Aldridge, Pablo Colón, Edgar Vega Pabón, Rubén Falú, Gerardo Cruz y Antonio Sagardía.

Para el abogado Harry Padilla, “la doctrina constitucional permite que los estados, incluyendo a Puerto Rico, pueden conceder mayores beneficios que los que podría dar una disposición constitucional. Lo que estamos recomendando al Senado es que se apruebe legislación haciendo retroactivo a toda persona que este convicta por un jurado en una votación que no fue por unanimidad que sea retroactivo si está cumpliendo pena de cárcel o si está dentro de unas determinadas condiciones…Es beneficioso para la justicia de este País desde el punto de vista retroactivo”.

Agregó que “desde el punto de vista de política pública no le debemos negar a nadie que esté cumpliendo una pena que ha sido encontrado culpable con una votación, por ejemplo, de 9-3, que se le prohíba tener el derecho de un nuevo juicio. Eso no va a crear mayores consecuencias para el país”

José Andreu Fuentes indicó que “es un proyecto de ley que le hace justicia a muchos puertorriqueños que fueron convictos anteriormente por una regla que resultó ser inconstitucional y contrario a los derechos fundamentales del ser humano. Aquí hay una serie de personas que están cumpliendo cárcel y una condena sin haber sido convictos por unanimidad en violación a un derecho fundamental que todavía no había sido adoptado ni en Puerto Rico y en solo en el estado de Oregón”.

En tanto, el licenciado Leo Aldridge opinó que “esta medida suple un vacío. No hay que esperar a que Puerta de Tierra (lugar donde queda ubicado el Tribunal Supremo local) o Washington D.C. He sido crítico en ocasiones anteriores de que la Asamblea Legislativa como actor principalísimo en la vida pública del país tiene que tomar un rol proactivo y no esperar que decisiones de política pública la tomen terceros. Esta ocasión es un ejemplo perfecto de una medida legislativa de avanzada”.INS

lp