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San Juan, 13 may (INS).- Ayuda Legal Puerto Rico (ALPR) solicitó a la gobernadora Wanda Vázquez Garced que elabore un plan para esta temporada de huracanes, tomando en cuenta la pandemia y las dificultades sociales y legales confrontadas tras el huracán María y los recientes temblores.
“Queremos hacer notar que se vaticina como una temporada [de huracanes] activa, que ocurre en el contexto de una pandemia, sin refugios seguros y con decenas de miles de viviendas con toldos azules, así como con otras en espera de asistencia para reparación y reconstrucción que difícilmente llegará a tiempo”, señala la carta de Ayuda Legal Puerto Rico a la gobernadora.
La misiva firmada por tres de las abogadas de la entidad sin fines de lucro (Ariadna Michelle Godreau Aubert, Paula Fournier del Valle y Verónica González Rodríguez), dedicada a la orientación legal gratuita a personas y comunidades de escasos recursos.
La reparación y reconstrucción de viviendas con fondos CDBG-DR “es una prioridad”, destacó Godreau Aubert, quien además es la directora ejecutiva de la entidad, por lo que sugirió se enmiende el Plan de Acción para separar los procesos de reparación y reconstrucción del de relocalización de residentes y permitir allegar asistencia a cientos de miles de familias que viven en zonas inundables o susceptibles a deslizamientos.
A su vez, indicó que antes de la temporada “se debe desarrollar y publicar el plan de manejo de desastres adaptado a una nueva temporada de huracanes en medio de la pandemia. Debe incluir protocolos de distanciamiento físico, para la prevención y el manejo de brotes de contagio y la disponibilidad de pruebas que ya están almacenadas en los distintos municipios. Este plan debe atender, además, las necesidades de poblaciones particulares e incluir protocolos para la prevención y el manejo de casos de violencia de género, protección de menores, atención a personas encamadas, adultas mayores y personas con diversidad funcional”.
Igualmente, indicó que se tiene que desarrollar un plan para el almacenaje y distribución de suministros -incluyendo sus inventarios y criterios para la repartición-, disponible al público general.
Asimismo, pidió dar prioridad a la reanudación de labores de reparación y reconstrucción de viviendas con fondos CDBG-DR, siguiendo protocolos estrictos de seguridad y salud.
“Esto debe incluir establecer medidas cautelares estrictas para permitir que procesos como la toma de solicitudes, el análisis de la misma y las inspecciones puedan reanudarse”, sostuvo.
Además, declaró la necesidad de enmendar el plan de acción para separar los procesos de reparación y reconstrucción del de relocalización y permitir allegar asistencia a cientos de miles de familias que viven en zonas inundables o susceptibles a deslizamientos cuando la mitigación es posible.
“Esto agilizaría el uso de los fondos y protegería el techo seguro de comunidades y familias de escasos recursos alrededor de Puerto Rico”, opinó.
Durante la temporada de huracanes, dijo que “los refugios deben estar preparados y abrir tan pronto se pueda prever alto riesgo de impacto para Puerto Rico. Garantizar suministros a todo Puerto Rico, en particular a las islas municipios de Vieques y Culebra. El gobierno debe ser diligente en sus solicitudes de declaración de emergencia y desastre mayor. Reiteramos, tal como quedó claro ante los terremotos, que ante daños significativos inminentes o evidentes no es necesario presentar tales solicitudes por separado. Debe exigirse la mayor asistencia pública e individual posible. Toda solicitud debe hacerse pública”.
Después de un huracán, comentó que el gobierno, junto con alcaldes y organizaciones sin fines de lucro, “deben censar el daño en las propiedades lo antes posible, incluyendo aquellas que son habitadas por familias no dueñas. Hay que asegurar que el proceso de las solicitudes de emergencia estará disponible a las comunidades remotas sin necesidad de uso de tecnología o electricidad. Garantizar que las personas dueñas sin título formal podrán acceder a fondos de asistencia individual para desastres para reparar sus hogares. Ganamos este reclamo en el 2018, pero el gobierno local no amplificó efectivamente la exigencia. Este obstáculo dejó a miles de familias sin un techo seguro”.INS
lp