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San Juan, 7 may (INS).- Los dos principales partidos de oposición, el Partido Popular Democrático (PPD) y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), pidieron hoy a la gobernadora Wanda Vázquez Garced que vete el Código Electoral que está ante su consideración.
El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal José Torres, solicitó una vez más a la gobernadora que “cumpla la palabra empeñada antes de ser candidata del PNP” y vete el Código Electoral “aprobado sin el consenso y con la oposición de las minorías y varios sectores sociales que han expresado el rechazo a una medida diseñada para el PNP perpetuarse en control de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE)”.
«Advinimos en conocimiento de que el Código Electoral se encuentra para la evaluación y firma de la gobernadora. Es de conocimiento público las expresiones que hiciera la Primera Ejecutiva con relación a la aprobación de este proyecto. Ella manifestó que era importante que hubiese consenso y que se pudieran evaluar todas las preocupaciones que tuviesen todos los sectores con el fin de tomar las decisiones correctas para garantizar el derecho al voto”, sostuvo.
Agregó que, “al día de hoy, le recuerdo que el Código Electoral carece del consenso y aval de las minorías, legisladores independientes y otros sectores que han también expresado sus preocupaciones y oposición al proyecto. Desde noviembre del pasado año y en repetidas ocasiones a través de este año, el Partido Popular le manifestó a la gobernadora su oposición y le solicitó que no firmara el proyecto».
Opinó que «el Código está plagado de interrogantes y repercute en la confianza de los electores. El país lo menos que necesita en medio de esta emergencia es encaminarse a procesos que diluyan los esfuerzos de recuperación y que promuevan la confrontación política entre diversos sectores. El proceso electoral debe garantizarle a los electores transparencia y confiabilidad. Esta responsabilidad está, ahora, en manos de la gobernadora».
Advirtió, a su vez, que «a solo semanas de eventos electorales pretenden cambiar las reglas que rigen los procesos y la estructura garante de nuestra democracia. Eso además de peligroso, atenta contra un pueblo que está pasando por un proceso de atención a una emergencia que ha dejado a decenas de miles sin trabajo y viviendo la incertidumbre de su recuperación”.
El proyecto que crea un nuevo Código Electoral se encuentra en La Fortaleza, tras su aprobación en ambas cámaras legislativas.
El comisionado electoral del PIP, Roberto Iván Aponte Berríos, también reiteró su emplazamiento a la gobernadora Wanda Vázquez a que “cumpla su palabra de vetarlo” por haberse aprobado “sin consenso”.
«Si la gobernadora le estampa su firma, no sólo incumpliría su palabra, sino que sería cómplice de un atentado al principio rector que ha regido en el organismo electoral por décadas y que ha hecho posible que las elecciones funcionen con la transparencia que el pueblo exige: el consenso entre todas las partes, mayoría y minorías, al momento de tomar decisiones y fiscalizar los procesos”, manifestó.
Para el político, si la mandataris firma la ley “confirmaremos que es parte de esta componenda mezquina y peligrosa, impulsada por el liderato de su partido (PNP): robarse las elecciones generales y eliminar a los partidos de minoría en la CEE por virtud de una ley que perpetuaría el bipartidismo y, sobre todo, su control del aparato electoral estando o no en el poder. Aquí no tiene excusas de que desconocía el proceso o las intenciones, como en el caso del robo que pretendían perpetrar algunos empresarios muy conectados con el PNP, con la complicidad o negligencia criminal de su gobierno en el tema de las pruebas rápidas».
El político independentista insistió en que “esta mal llamada reforma electoral establecería en tiempos de estrechez económica aumentos salariales y nuevos puestos de gran paga como el alterno al presidente, excluye a los partidos de minorías de todos los niveles decisorios de la CEE, brinda el poder absoluto al Presidente en la toma de decisiones (de ser así un caso similar al escándalo de los vagones durante el Huracán María no podría ser fiscalizado por el PIP) y elimina la fiscalización del proceso de inscripción y recusación posibilitando que personas sin domicilio electoral en Puerto Rico, como Gigi Fernández, voten ilegalmente”.
“También reduciría dramáticamente las Oficinas de Inscripción (JIP), dejando desprovista a la ciudadanía del único servicio público directo para hacer trámites (no solo electorales) en cada municipio. Triste sería que, además de la crisis fiscal que sufre el país, los temblores, la ineptitud en el manejo del Covid-19 y el atentado de robo en la compra de la pruebas rápidas producto de la incompetencia y el pillaje, ahora suframos una crisis electoral mediante el robo de votos porque pretenden cambiar las reglas del juego para beneficiar al partido de gobierno”, declaró.INS
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