P. Rico-Sindicatos emplazan a la juez Swain y la JSF a que busquen los recursos económicos necesarios ante determinación judicial de imponer el pago al sistema de retiro y el plan médico a los municipios

San Juan, 22 abr (INS).- El Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadoras (SPT), la Unión General de Trabajadores (UGT), United Steelworkers y PROSOL- UTIER, que representan trabajadores municipales, emplazaron a la juez federal Laura Taylor Swain y a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) a que busquen los recursos económicos necesarios ante la determinación judicial de dejar sin efecto la Ley para la Reducción de Cargas Administrativas de los Municipios (Ley 29 del 2019) e imponer el pago al sistema de retiro y el plan médico a los municipios

El reclamo de los sindicatos se fundamenta en el impacto negativo que tendrá sobre el pueblo trabajador la imposición del pago de las pensiones y la reforma de salud, a lo cual se suma también la aportación que deben hacer para el pago de la deuda pública.

La sentencia tendría un impacto de alrededor de 400 millones para las arcas de unos municipios que han visto mermar sus ingresos ante el cierre de numerosos centros de trabajo ante la crisis económica que vive el país desde hace más de una década, las medidas de austeridad impuesta por la JSF y, ahora, la reducción de la actividad económica por efecto del coronavirus.

Los sindicatos, en declaraciones escritas, dijeron que “contrario a las expresiones que ha hecho la Junta de Control Fiscal, en el sentido de que el impacto a nivel de los pueblos será mínimo, la carga económica que se impondrá a los Municipios redundará en la quiebra total de 40 de ellos y en los pocos que sobrevivan habrá una reducción significativa de los servicios que prestan directamente a la ciudadanía. Es importante recalcar que un número significativo de los servicios que hoy brindan los municipios constituían una obligación del Gobierno Central y que ahora no los presta como resultado precisamente de las medidas de austeridad impuestas por el organismo federal”.

Añaden que “la pretensión de su directora ejecutiva, Natalie Jaresko, para que se usen las asignaciones que ha prometido y en poco ha cumplido el gobierno de los Estados Unidos para llenar las necesidades urgentes de la ciudadanía, además de escapar a las regulaciones bajo las cuales se otorgan, solo tendrían el efecto de desvestir un santo para vestir otro, con el agravante de no ser un ingreso recurrente”.

Advirtieron que “la eliminación de servicios esenciales como lo son el Manejo de Emergencias, ayudas económicas para la compra de alimentos, pagos de agua, luz y servicios médicos, transportación para personas con necesidades especiales, ayudas a estudiantes, y otros igualmente importantes para paliar la pobreza en que vive más del 50% de la población será el resultado de la anulación de la referida Ley 29”.

A su vez, alertaron que “contrario a lo señalado por algunos economistas, el golpe a la clase trabajadora y al pueblo en general es todavía de mayor magnitud que lo señalado. Miles de padres y madres, jefes de familia, podrían ser despedidos aumentando aún más los niveles de desempleo que se han disparado a partir de la declaración del estado de emergencia decretado por el gobierno para contener la pandemia causada por el coronavirus. Además de una disminución considerable de los servicios que se prestan de forma directa a nivel municipal a nuestro pueblo”.INS

lp