Por Rafael Santiago Medina
San Juan, 15 abr (INS).- El reclamo para que la gobernadora Wanda Vázquez Garced destituya del “task force” médico que la asesora en asuntos relacionados añ Covid-19 a Segundo Rodríguez Quilichini, Juan Luis Salgado y William Meléndez Latallad, por estar involucrados en la contratación de Apex General Contractors para la irregular compra frustrada de un millón de pruebas rápidas para detectar el coronavirus, ha cobrado un giro de escándalo público.
La investigación que la Cámara de Representantes realiza está reflejando que los tres galenos miembros del “task force” nombrado por la gobernadora Vázquez Garced se extralimitaron en las funciones para las que fue constituido ese organismo asesor de la mandataria y usurparon prerrogativas que la Constitución de Puerto Rico delega en el Departamento de Salud y otras agencias del gobierno.
Los testimonios de dos funcionarias del Departamento de Salud ante la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes han traído a la luz pública la irregularidad de que el gobierno intentó comprar un millón de pruebas rápidas a Covid-19 a la empresa Apex General Contractors a un sopreprecio de 38 millones por recomendaciones de los tres miembros del “task force” médico que asesora a la gobernadora Vázquez Garced y sin la autorización de la entonces secretaria interina de la agencia gubernamental salubrista, Concepción Quiñones de Longo.
Ha ido trascendiendo de la investigación legislativa, además, que el contrato de compra-venta entre Apex y el Negociado de Manejo de Emergencia y Administración de Desastres (NMEAD) vino para consideración y consentimiento del Departamento de Salud y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) ya firmado entre las partes, saltando los procesos administrativos ordinarios y bajo fuertes presiones interventoras de los galenos, especialmente de Rodríguez Quilichini.
El “task force” ha quedado en entredicho durante la investigación cameral, al descubriese que se abrogó funciones extraconstitucionales interventoras en el proceso del aval a la contratación de la empresa Apex para proveer los test diagnósticos al gobierno.
Se reveló que Rodríguez Quilichini proveyó en un indebido cabildeo a la funcionaria de Salud, Rosa Rivera, el número telefónico de Juan Maldonado, abogado de Apex, en lo que podría entenderse como medida de presión para forzar la contratación.
El gobierno de Puerto Rico hizo un adelanto de 19 millones a Apex, sin que la empresa tuviera ningún suplidor de los test de diagnóstico rápido, tras salir a relucir por otros medios que la empresa australiana Promedical nunca recibió comunicacion desde Puerto Rico de nadie y que la otra empresa intermediaria que Apex mencionaba como proveedor exclusivo en Estados Unidos que tiene su sede en el estado de Arizona tampoco tuvo comunicación con nadie de aquí.
Se considera que hay en estos momentos una mácula que opaca la transparencia de las funciones el “task force” y en específico de estos tres médicos que integran el organismo asesor de la gobernadora Vázquez Garced y en el cual el pueblo de Puerto Rico ha confiado el manejo de los asuntos del brote en territorio puertorriqueño de la pandemia que asola al mundo.INS
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