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San Juan, 14 abr (INS).- La candidata a representante del PPD, Mariana García Benítez, hizo un llamado a los padres y madres con niños en las escuelas privadas a que le escriban a las cuentas en redes sociales de los representantes y senadores del país para que se enmiende la resolución conjunta del Senado 512.
La resolución, según la aspirante, atenta con las relaciones contractuales entre padres e instituciones educativas protegidas por la Constitución, “ya que pretende obligar a las escuelas privadas a establecer un máximo de 15% y 25% de descuento al pago mensual por los estudiantes que están recibiendo clases virtuales o solamente tareas para hacer en casa”.
Los autores de la medida son Axel Roque Gracias, presidente de la Comisión de Educación del Senado, y el senador José Pérez Rosa.
«Los acuerdos en la cantidad de descuento mensual otorgados a las familias con niños en escuelas privadas en el contexto del Covid-19 deberán ser negociados entre la madre o el padre y la institución. El Estado no tiene porqué establecer un tope para este descuento. El 512 no cumple con los criterios de razonabilidad que permiten que el Estado intervenga en relaciones contractuales. Lo hacen como Resolución para evitar la impugnación al amparo de la cláusula constitucional. Además, afecta tanto a la escuela como a las familias. Recordemos que hay miles de madres y padres que con mucho sacrificio realizan estos pagos y que ahora, que se han quedado sin trabajo, están funcionando como los maestros de sus niños», dijo la candidata.
García Benítez habló con el presidente de la Comisión de Educación, Arte y Cultura de la Cámara, el representante Rafael Rivera Ortega, quien se mostró abierto a escuchar las recomendaciones de la candidata.
«Regular el por ciento en los pagos mensuales lo que puede hacer es presionar a algunos padres y madres a que el semestre que viene hagan homeschooling con sus hijos, lo que supondría una baja en la matrícula de la escuela y el subsecuente despido de los maestros y personal no docente de dicha institución», aseguró la aspirante.
Consignó que la Constitución de Puerto Rico y la de Estados Unidos disponen que no se aprobarán leyes que menoscaben las obligaciones contractuales.
«Propongo que se establezca un mínimo, pero el máximo de descuento mensual deberá ser negociado entre la escuela y cada familia. No es momento de añadir más ansiedad a las circunstancias que se viven en este País. Hago un llamado a las familias a que le escriban a los senadores y representantes a sus cuentas en redes sociales y soliciten enmiendas a esta Resolución antes que algo como esto sea aprobado», añadió.
Para la política, “se debe tomar cuenta que los gastos en el hogar han aumentado pues se consume más agua, luz y alimento. Esto genera una ansiedad innecesaria en cada padre o madre porque no saben cómo pudieran costear este gasto si el proyecto se aprueba tal y como está estipulado”.
Agregó que “eso afecta a la misma escuela, ya que pondrá a muchos padres en posición de no poder pagar el monto estipulado y por tanto acogerse a esta misma resolución conjunta en su primer parámetro: ‘A ningún estudiante se le podrá privar de recibir educación en igualdad de condiciones con sus demás compañeros de clase, incluyendo por razones de falta de pagos relacionados con la matrícula o mensualidades correspondientes, en lo que resta del presente año académico'».
Marlon Torres, padre de dos niños, sobre este particular dijo que «mis gastos en el hogar han aumentado y mis entradas están paralizadas. No sé si podré contar con unos trabajos que llevé a cabo. Moralmente el gobierno de Wanda Vázquez nos ha dicho que todos estamos perdiendo y que debemos aceptar nuestras pérdidas. Pero aquí le están dando una herramienta a la institución sobre los padres. Pienso que cada institución debe negociar con los padres. Que tengamos la libertad de transar ambas partes”.INS
lp