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San Juan, 6 abr (INS).- La Contraloría de Puerto Rico informó hoy que el municipio de Naguabo realizó pagos por 1.5 millones a tres contratistas por recogido de escombros generados por el huracán María, pero no realizó las retenciones correspondientes
En una auditoría a las operaciones fiscales del municipio de Naguabo, se revela que el municipio realizó pagos de $1.5 millones a tres contratistas por el recogido de escombros generados por el huracán María, pero no realizó las retenciones correspondientes, según dispone la Ley 1 de 2011 (Código de Rentas Internas).
La situación causó que el municipio no remitiera al Departamento de Hacienda 103,485 de dichas retenciones y propicia la evasión contributiva.
La auditoría señala que la Comisión de Auditoría Interna y Asuntos del Contralor de la Legislatura Municipal de Naguabo no ha ejercido su función fiscalizadora de forma adecuada.
Detalla que en el periodo de un año, se reunieron en tres ocasiones para evaluar dos cartas circulares, un informe financiero y un informe de auditoría, sin embargo no evaluaron diez informes sobre la evaluación de programas federales.
“Esta situación desvirtúa el propósito de la función de la Comisión”, afirma el documento.
Los auditores de la Contraloría hallaron también que el municipio no mantiene completos lo expedientes de demandas.
El director de Finanzas y las administradoras ejecutivas certificaron la existencia de ocho demandas, sin embargo sólo tenían el expediente de una.
Tampoco, contaban con la información de las aseguradoras para saber si los casos fueron transados y el importe acordado.
El informe comenta que el 71% de los empleados del municipio son transitorios que se han mantenido bajo esa clasificación hasta por 16 años.
“Los nombramientos transitorios no pueden exceder de un año, con excepción de personas nombradas a proyectos especiales de duración fija sufragados con fondos federales o estatales cuyo nombramiento corresponda a las normas que disponga la ley bajo la cual sean nombrados”, señala la auditoría.
Añade que al 31 de enero de 2019 estaban pendientes de resolución, seis demandas civiles contra el municipio que ascienden a 1.1 millones.
Además, otras dos demandas por hostigamiento y por destitución, fueron presentadas en la Comisión Apelativa del Servicio Público, sin cuantía.
El informe cubre el periodo del 1 de julio de 2015 al 30 de junio de 2018.INS
lp