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San Juan, 24 mar (INS).- En respuesta al paquete de ayudas presentado por la gobernadora para aliviar el impacto del Covid-19 en Puerto Rico, organizaciones sin fines de lucro y de base comunitaria celebraron como logros la integración de reclamos que llevan adelantando desde antes de comenzar la pandemia.
Ayuda Legal Puerto Rico, la Federación de Maestros de Puerto Rico y la campaña Construyamos Otro Acuerdo se unieron para celebrar “esta contundente victoria de abogacía que impactará el derecho al trabajo, a la vivienda digna, la educación y el bienestar de las familias que viven en el país”.
Anunciaron, pese a todo, que se mantendrán “vigilantes para exigir mayores respuestas por parte del gobierno y fiscalizar la implantación de las medidas” anunciadas.
La gobernadora informó acerca de un acuerdo con los directivos de la banca para otorgar moratorias de 90 días en el pago de hipotecas, tarjetas de crédito y préstamos personales.
“En Ayuda Legal Puerto Rico (ALPR) venimos reclamando desde el huracán María por moratorias justas. Igual, le pedimos a la banca y a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras que actuaran para crear un protocolo de desastres que protegiera el derecho a la vivienda de personas afectadas por el terremoto. No se nos escuchó. Celebramos la moratoria otorgada ayer, pero estaremos pendientes y fiscalizando”, advirtió Ariadna Michelle Godreau-Aubert, directora ejecutiva de ALPR.
Mientras, Mercedes Martínez Padilla, presidenta de la Federación de Maestros, puntualizó que “desde el derecho a la educación, la gobernadora anunció que se liberarán 324 millones para la compra de equipo, software y entrenamiento para garantizar la educación a distancia, pero nuestros estudiantes y educadores necesitan más que esa medida”.
“Es menester que la adquisición se dé mediante un proceso rápido, para que el estudiantado lo pueda adquirir en estos momentos que estamos atravesando la pandemia, bajo un protocolo estricto de medidas de salud y seguridad. Es menester que la FCC autorice que las compañías de telefonía e internet ofrezcan sus servicios básicos de manera gratuita a toda la población estudiantil y magisterial”, añadió.
A su entender, “previo a regresar a las escuelas, debe garantizarse una enfermera mínimamente por escuela con salón de enfermería para ofrecer servicio directo al estudiantado, deben contratarse al menos 200 conserjes adicionales para que el proceso de mantener las escuelas limpias, desinfectadas e higienizadas sea continuo, y se debe identificar un salón de aislamiento en caso de que surjan casos”.
Mientras, Julio López Varona, integrante de la campaña Construyamos Otro Acuerdo, hizo hincapié sobre el impacto de los esfuerzos de grupos comunitarios para empujar a la gobernadora a actuar y la necesidad de cancelar la deuda para lograr una recuperación justa.
“La presión de estos grupos es la razón por la cual la gobernadora presentó este paquete de ayudas. Desde nuestra campaña llevamos meses denunciando que la Junta de Control Fiscal ha privado al gobierno de acceder a los fondos necesarios para atender las situaciones de emergencia que enfrentamos, tanto con las pensiones como con los terremotos y ahora el Covid-19”, argumentó.
Para López, “es imperativo que en este momento los más de nueve mil millones de dólares destinados al pago de deuda en la cuenta general del gobierno sean utilizados para garantizar alimentación, hogar, educación y salud a nuestra gente. El gobierno cuenta con más que suficiente dinero ahora mismo para expandir derechos, garantizar vivienda digna y educación a todo el país durante meses”. INS
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