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Por Rafael Santiago Medina
San Juan, 20 mar (INS).- La mediación de la comisionada residente de Puerto Rico en Washington, Jenniffer González Colón, en la faena de convertir nuevamente a Puerto Rico en emporio farmacéutico ha sido vista por importantes sectores económicos como poco favorecedora al logro de ese propósito.
Mediatizar ese fin para Puerto Rico a consideraciones ideológicas de la pugna política que han vivido los puertorriqueños durante décadas sobre el estatus de la subordinación territorial a Estados Unidos no parece ayudar mucho en la lucha de restablecer la posibilidad de que este país sea un emporio de inversión de capital para la industria farmacéutica, es la opinión casi consensuada fuera de las huestes que favorecen la estadidad a ultranza.
González Colón ha dicho que, a su modo de ver, no se trata de revivir las 936 y sí de que Puerto Rico sea un centro de manufactura para la industria farmacéutica dentro de las posibilidades permisibles de incentivos como territorio estadounidense que haya dentro de las leyes federales con un trato igual que los 50 estados que conforman a Estados Unidos.
A tono con lo que expertos observan, dentro del ámbito considerado por la comisionada residente González Colón no hay mucho espacio de posibilidades para moverse hacia ese fin. “Establecer operaciones para la industria farmacéutica como territorio doméstico”, como dice ella, no tiene un efecto práctico de competitividad que haga a Puerto Rico particularmente atractivo dentro, frente a los 50 estadounidenses ni en el exterior.
Tal parece que la petición hecha por la Junta de Supervisión Fiscal, tanto al presidente Donald Trump, como al líder de la mayoría del Senado, Mitchell McConnell y a Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes federal, no se limita al marco tan estrecho de la comisionada residente González Colón.
“Puerto Rico tiene una larga trayectoria como uno de los principales centros de manufactura para productos farmacéuticos y médicos…”, en referencia a las industrias 936 bajo los incentivos contributivos especiales bajo la Sección 936 del Código Federal de Rentas Internas. “La infraestructura física, el capital humano y los procesos reglamentarios ya se han establecido y están bien posicionados”, fueron las expresiones hechas en la misiva José Carrión, presidente de la JCF.
Recordó que, de acuerdo con la Administración de Alimentos y Drogas federal (FDA, por sus siglas en inglés), un 8 % de los gastos farmacéuticos por parte de estadounidenses está destinado para la compra de productos que se manufacturan en Puerto Rico.
La gobernadora Wanda Vázquez Garced abogó por el impulso de la industria farmacéutica local y aseguró que Puerto Rico puede servir como base de fabricación durante estos tiempos de mayor preocupación por la salud pública.
Por su parte, la economista Martha Quiñones advirtió que el éxito de un potencial regreso de las farmacéuticas dependerá de la negociación que logre el Gobierno con las compañías.
“El impacto podría ser positivo, pero nosotros tenemos que aprender a negociar con esas empresas para exigirles, por ejemplo, que se desarrollen los eslabones con más empresas que desarrollen productos en Puerto Rico, que hagan investigación y desarrollo aquí, de manera que ellas no tengan la intención de irse nuevamente”, dijo la economista a un periódico local.
De igual forma, el economista José Alameda también virtió su opinión al respecto y mencionó que la medida no tendría un impacto económico real en la isla si se lleva a cabo por un periodo corto. “Una ley no puede ser para un año o dos. Los números no dan para mover actividad económica”, precisó Alameda.INS
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