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La organización hizo referencia al alza en estadísticas de violencia de género en China durante el pasado mes./Inter News Service
San Juan, 18 mar (INS).- Más de 30 organizaciones de mujeres y de la sociedad civil se unieron al reclamo de Coordinadora Paz para las Mujeres para que el gobierno tome medidas por la violencia de género durante la crisis del Covid-19.
«La orden 3jecutiva 2020-023 emitida el domingo 15 de marzo necesita una segunda mirada para incorporarle la perspectiva de género», señaló Vilma González Castro, directora ejecutiva de Coordinadora Paz para las Mujeres.
En una carta, la portavoz señala que «este es un momento en el que las víctimas y sobrevivientes pueden estar en mayor riesgo, ya que las personas agresoras podrían usar la situación que provoca el aislamiento social como una herramienta de poder y control contra ellas y sus crías, haciéndolas más vulnerables».
Además, en la misiva se hace referencia al alza en estadísticas de violencia de género en China durante el pasado mes.
Este señalamiento surge a solo un día del más reciente feminicidio ocurrido en el pueblo de Aguada, en el que un hombre asesinó a su exesposa y luego se suicidó.
Tanto la Coordinadora Paz para las Mujeres como las demás organizaciones tienen preocupaciones relacionadas con la falta de mención de los albergues como parte de la red de servicios esenciales.
«Este silencio sobre las organizaciones las deja sin las herramientas necesarias para que su personal ofrezca servicios y mantenga los albergues operando», declaró Lisdell Flores, directora de Hogar Ruth, albergue que cobija a mujeres en riesgo por violencia de género y a sus crías.
En la carta se solicita a la gobernadora Wanda Vázquez Garced impartir instrucciones para que los albergues sean incluidos en la lista de servicios esenciales y que puedan continuar tomando las medidas pertinentes para garantizar el servicio a las víctimas y sobrevivientes.
Además, se pide definir cómo se manejarán las pruebas para el Covid-19 de las personas albergadas y cómo se trabajará con mujeres inmigrantes que no puedan costear de ninguna forma dichas pruebas por razón de su estatus migratorio.
También se solicita garantizar el acceso de los albergues a productos de limpieza y desinfección de escasear los mismos si se prolonga la crisis, así como el flujo de los fondos estatales que ya han sido asignados a las organizaciones y que podrían verse afectados por el cierre de operaciones de agencias de gobierno.
Las organizaciones recordaron que, a pesar de que hace más de un año se solicitó la declaración de un estado de emergencia por violencia de género, la gobernadora se ha negado a decretarlo.
En su lugar, en septiembre pasado, decretó una alerta nacional cuyas acciones y planes aún no han sido divulgados.INS
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