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San Juan, 16 mar (INS).- La directora de la entidad Kilómetro Cero, Mari Mari Narváez, pidió garantías para las personas que sean intervenidas durante el toque de queda establecido para combatir el toque de queda.
“No hay duda de que vivimos una situación excepcional, con repercusiones serias para el debilitado sistema de salud de nuestro país y, por tanto, para la supervivencia de personas con la salud comprometida. Hay ocasiones en que el Estado puede tomar medidas extremas como la que impone con este toque de queda y esta pudiera ser una de esas ocasiones. Aún así, las medidas que tengan el efecto de restringir libertades fundamentales como es la orden ejecutiva 2020-023 tienen que ser solo las estrictamente necesarias y deben ser claras y puntuales”, afirmó Narváez.
Además, dijo que “la orden ejecutiva adolece de estos elementos. Por otro lado, vale preguntarse: ¿pudo haberse evitado la restricción de libertades fundamentales con un cierre general del comercio?. Los toques de queda, justificados o no, siempre atentan contra derechos que son fundamentales para el ejercicio democrático, como es la libertad de movimiento”.
Narváez indicó que en Kilómetro Cero “nos preocupan muy particularmente las intervenciones de los agentes de ley y orden durante este periodo. Lamentablemente, los toques de queda crean más condiciones para que estos agentes intervengan, arresten e incluso utilicen la fuerza particularmente contra personas pobres, marginadas o estigmatizadas. Hay varios ejemplos de casos documentados de intervenciones discriminatorias, excesivas y violentas cuando se hizo un toque de queda después del huracán María en 2017”.
Asimismo, señaló que ,“en lo ordinario, nuestra Policía, como institución, no ha demostrado estar apta para intervenir legal, constitucionalmente con la ciudadanía. En momentos de medidas extremas, amplias y confusas como esta, el escenario se presta para intervenciones aún más discriminatorias y violentas por estar aún menos sujetas a la observación pública y a procesos de rendición de cuentas. Es decir, se presta para más violaciones de derechos contra personas negras, pobres, contra inmigrantes, contra miembros de la comunidad Lgbttiq, contra víctimas de violencia de género, contra personas sin hogar (incluyendo personas que perdieron sus hogares en los terremotos), personas con salud mental comprometida, entre otros”.
La vocera hizo un llamado a que el Estado “provea garantías para que los derechos de las personas intervenidas se respeten y se eviten las intervenciones discriminatorias contra quienes ya están marginadas social, racial o económicamente. Es nuestra responsabilidad cívica velar por el bienestar de todos y todas, incluyendo nuestra integridad física en el ejercicio de nuestros derechos. Como ciudadanía nos corresponde acompañarnos, cuidarnos, velar los unos por los otros, no solo en la pandemia sino también en los procesos extremos de restricción de libertades”.INS
lp