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Santo Domingo, 13 mar (INS).- El gobierno dominicano, a través del ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas Maldonado, reaccionó a las acusaciones que hace el Departamento de Estado de Estados Unidos, que asegura que el Estado local ejerce de manera generalizada, una influencia inadecuada en las decisiones judiciales, principalmente en casos de corrupción de sus funcionarios.
Vargas Maldonado expresó ayer que «todo el mundo sabe que vivimos en una democracia plena, de valores, de justicia y de respeto a los derechos humanos».
Indicó que lo señalado por el Departamento de Estado norteamericano “no se corresponde con la realidad que vive la República Dominicana”, y agregó que “esta ha sido la administración de Gobierno más exitosa en los términos de avances en los derechos humanos”.
Manifestó que próximamente, cuando estudie ese reporte, se referirá con más detalles, de manera oficial, a las declaraciones ofrecidas por el organismo estadounidense.
En el informe del 2019 sobre Derechos Humanos, el Departamento de Estado dijo que el Gobierno quisqueyano no ha implementado correctamente las leyes para aplicar penas criminales contra funcionarios públicos acusados de corrupción y citó el caso de sobornos promovido en el país por la empresa brasileña Odebrecht, acusada de haber pagado 92 millones de dólares en coimas por contratos de obras del Estado.
“El gobierno tomó algunas medidas para castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos, pero hubo informes generalizados de impunidad y corrupción oficiales, especialmente entre los altos funcionarios”, explica el reporte.
Expresa que a pesar de que leyes nacionales establecen un poder judicial independiente, el Gobierno “no respetó la independencia judicial y la imparcialidad”. Señala que hubo enjuiciamientos selectivos y despidos de casos en medio de denuncias de soborno o presión política indebida.
Asimismo, cita que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) informó que los periodistas dominicanos sufrieron ataques violentos por parte de militares y policiales de los funcionarios del Gobierno, particularmente al cubrir las protestas dirigidas por la sociedad civil.
Uno de los hechos mencionados en el informe anual es el del comunicador Marino Zapete, quien fue despedido del programa “Jarabe de Zapete”, transmitido por Teleradio América, tras denunciar un informe de investigación alegando que la hermana del procurador general de la República Jean Alain Rodríguez, Maybeth Rodríguez, habría recibido contratos gubernamentales sin licitación por valor de 750 millones de pesos dominicanos (13,8 millones de dólares).
Vargas Maldonado, que además es el presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), aliado en términos electorales al gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), habló durante un acto de juramentación de dirigentes de distintas organizaciones políticas que pasaron a formar a formar parte de esa entidad. INS
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