R. Dominicana-Estados Unidos acusa al gobierno de no aplicar penalidades en los casos de corrupción de Odebrecht y dice que periodistas recibieron amenazas y fueron golpeados en 2019

Santo Domingo, 12 mar (INS).- El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que el gobierno dominicano no ha implementado correctamente las leyes para aplicar penas criminales contra funcionarios públicos acusados de corrupción y citó de manera especifica el caso de sobornos promovido en el país por la empresa brasileña Odebrecht, acusada de haber pagado 92 millones de dólares como soborno por contratos de obras del Estado.

Las declaraciones se hicieron a través del informe anual de 2019 sobre Derechos Humanos publicado ayer por el Departamento de Estado y reseñado por los medios locales.

“El gobierno tomó algunas medidas para castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos, pero hubo informes generalizados de impunidad y corrupción oficiales, especialmente entre los altos funcionarios”, explica el reporte.

Explica que a pesar de que leyes dominicanas establecen un poder judicial independiente, el Gobierno “no respetó la independencia judicial y la imparcialidad”.

Señala que hubo enjuiciamientos selectivos y despidos de casos en medio de denuncias de soborno o presión política indebida.

“El poder judicial desestimó rutinariamente los casos de corrupción de alto nivel. La corrupción del poder judicial era un problema grave”, manifiesta el estudio.

Indica que la forma más frecuente de interferencia con las órdenes judiciales se produjo cuando las autoridades se negaron a cumplir con los recursos de Hábeas Corpus para liberar a los detenidos.

Detalla que en septiembre de 2017 la Suprema Corte de Justicia comenzó el juicio contra seis de los 14 vinculados en el caso de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, acusada de haber pagado 92 millones de dólares como soborno por contratos de obras del Estado.

“Los seis acusados incluían un senador, un representante de la cámara baja, un ex senador y un ex ministro de Obras Públicas. La sociedad civil acogió con beneplácito el juicio como un paso adelante en la lucha contra la corrupción, pero los activistas destacaron lo que percibían como falta de voluntad política para investigar a fondo el caso, que involucraba a las élites políticas y económicas del país”, detalla el documento.

Precisa que de acuerdo con un informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (CIPI). además de los 92 millones dólares, Odebrecht distribuyó otros 39.5 millones de dólares en sobornos durante la construcción de la planta de carbón de Punta Catalina, en Baní, provincia Peravia, a 59 kilómetros (36 millas) desde Santo Domingo.

“Después de que este informe se hizo público, la Oficina del Fiscal General interrogó a consultores financieros involucrados en el proceso de licitación de la planta, pero no presentó cargos adicionales. El fiscal general y una comisión designada por el gobierno desestimaron previamente las acusaciones de irregularidad en el proceso de contratación de la planta”, señala.

Según varias Organizaciones No Gubernamentales (ONG) utilizada como fuente por el Departamento de Estado, muchos funcionarios recibían un salario del Gobierno sin realizar ningún trabajo y que algunos municipios pequeños tenían más empleados en la nómina de lo que podían alojar sus oficinas físicas.

También denunciaron que de acuerdo con los ciudadanos dominicanos hubo actos de corrupción por parte de varios funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, incluidos agentes de policía, funcionarios de inmigración y funcionarios de prisiones.

Además, indicó que el Gobierno utilizó castigos no judiciales por corrupción como el despido o la transferencia de personal militar, policías, jueces y otros funcionarios menores.

Otro de los puntos que condenó el informe de los Derechos Humanos es que algunos servidores estatales de alto nivel no hicieron pública la declaración de sus bienes a pesar de que Ley indica que el presidente, el vicepresidente, los miembros del Congreso Nacional, entre otros oficiales deben presentar la rendición de sus bienes.

Asimismo, cita la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) informó que los periodistas dominicanos sufrieron ataques violentos por parte de militares y policiales de los funcionarios del Gobierno, particularmente al cubrir las protestas dirigidas por la sociedad civil. 

Uno de los casos mencionados en el informe anual es el del comunicador Marino Zapete, quien fue despedido del programa “Jarabe de Zapete”, transmitido por Teleradio América, tras denunciar un informe de investigación alegando que la hermana del procurador general de la República Jean Alain Rodríguez, Maybeth Rodríguez, habría recibido contratos gubernamentales sin licitación por valor de 750 millones de pesos dominicanos.  

“El programa demostró que en el momento en que se firmaron los contratos, la hermana estaba cobrando un salario como empleada del ministerio de Obras Públicas. El periodista alegó que su programa fue cancelado después de que el fiscal general llamó al dueño de la estación y amenazó con acciones legales. El 30 de septiembre, la Asociación de Periodistas realizó una conferencia de prensa denunciando la interferencia política para silenciar los informes sobre corrupción”, indica el informe. 

Detalla que los periodistas tienen derecho a proteger la confidencialidad de sus fuentes, sin embargo los periodistas utilizaron  la autocensura, particularmente cuando la cobertura podría afectar negativamente los intereses económicos o políticos de los propietarios de los medios. INS

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