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San Juan, 6 mar (INS).- El presidente de la Comisión de Educación Especial y Personas con Discapacidad de la Cámara de Representantes, Rafael Rivera Ortega, acusó hoy el recorte de beneficios a los estudiantes de educación especial y reclamó de la gobernadora Wanda Vázquez que aclare si su política pública y plan de gobierno es cuadrar el presupuesto limitando el acceso a los servicios de esta población.
El representante señaló que el nuevo Reglamento Operacional del Procedimiento de Remedio Provisional limita las opciones a los padres cuando soliciten dicho procedimiento.
“Hago un llamado enérgico a la gobernadora Wanda Vázquez para que aclare si su política pública y plan de gobierno es cuadrar el presupuesto limitando nuevamente el acceso a los servicios de los niños de educación especial. Hago también un llamado a la Rama Judicial y a la Rama Ejecutiva y sus funcionarios a que, en cumplimiento con la Ley 238-2004, utilicen una interpretación liberal que vindique los derechos de los menores con discapacidades”, sostuvo Rivera Ortega, quien también preside la Comisión de Educación, Arte y Cultura de la Cámara.
Reveló que el Reglamento de Educación bajo discusión fue aprobado por esta agencia el pasado 11 de febrero y registrado en el Departamento de Estado el día 26.
“Ese Reglamento claramente limita los beneficios de Remedio Provisional a evaluaciones iniciales, reevaluaciones, terapias, evaluaciones de asistencia tecnológica, compra de servicios de enfermera y asistentes de servicio. Pero increíblemente deja fuera la compra de equipo de asistencia tecnológica, incluyendo los libros braille y de letra agrandada para las personas ciegas o parcialmente ciegas, la compra de servicios de transportación, el pago de becas de transportación y la remoción de barreras arquitectónicas”, denunció el representante.
Es a esos efectos, añadió, que solicita a la gobernadora que dé instrucciones para que el reglamento sea devuelto a la agencia y sugirió que sea considerado a través de un amplio proceso de audiencias públicas, tal y como lo permite la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, para que todas las partes interesadas puedan exponer sus posiciones, observaciones y recomendaciones.INS
lp